El juez federal Claudio Bonadio hizo lugar en las últimas horas al pedido del fiscal Carlos Stornelli y ordenó la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, en el marco de la causa sobre presunto pago de coimas por parte de empresarios a exfuncionarios a cambio de obra pública durante el kirchnerismo.
La orden que fue firmada por el magistrado alcanza también a Elizabeth Municoy, Sergio Todisco, Carlos Gellert y Perla Puente Resendez y pidió la captura internacional de Carlos Temístocles Cortez. Según trascendió, esas cinco personas son investigadas como presuntos testaferros de Muñoz, quien fue secretario privado de Kirchner hasta 2009.
En el marco de la causa conocida como "cuadernos de la corrupción", el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, señalaron en sede judicial a Muñoz como quien recibía los bolsos con dinero supuestamente destinado a los Kirchner.
Cabe señalar que el fiscal Stornelli había pedido el último viernes la detención Pochetti a la par que solicitó congelar sus cuentas y bienes en el exterior por 70 millones de dólares, luego de que el día anterior la Cámara Federal anulara un fallo del juez de primera instancia Luis Rodríguez. Ese magistrado había desestimado las medidas solicitadas por Stornelli y otorgó la eximición de prisión a Pochetti, a quien obligó a depositar una caución de 10 millones de pesos.
El jueves, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, hizo lugar a una queja elevada por Carlos Stornelli y habilitó las medidas que habían sido solicitadas. Tras el fallo de los camaristas, el fiscal insistió con la detención de Carolina Pochetti y de las otras cinco personas señaladas.
Según su acusación, los involucrados habían conformado "una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina así como en el extranjero, para canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, y /o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada".
El fiscal tuvo en cuenta documentación enviados por el Departamento de Justicia de los estados Unidos que dan cuenta que se invirtieron esos fondos en la adquisición de dieciséis bienes inmuebles en Nueva York y Miami. Seguido a ello, a partir de 2013, pero principalmente entre 2015 y 2017, los inmuebles fueron vendidos obteniéndose una suma de 73.406.300 millones de dólares. El dinero, según la documentación, fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras así como a México y China.