La decisión gubernamental de exigirle a los usuarios que paguen en cuotas la diferencia de 10 mil millones de pesos que tuvieron las empresas de gas por la devaluación, generó un gran rechazo en el arco político opositor y en los usuarios que ya vienen siendo golpeados por los incrementos.

Por un lado, el Gobierno sostiene la legalidad de la decisión basándose en la Ley 24.076 del menemismo, la cual establece el régimen de compra en dólares y la venta en el país en el peso.

A través de esa norma, el secretario de Energía, Javier Iguacel, afirma que los clientes tendrán que pagar 2.160 pesos a las distribuidoras, que al momento de obtener el hidrocarburo el dólar se encontraba a 19 pesos y que cuando debieron pagar estaba en más de 30.

Por otro lado, ya se anuncia una catarata de amparos de políticos y organizaciones de consumidores en rechazo a la medida, por considerarla ilegal. 

¿Es legal?

De acuerdo a lo que sostiene el abogado de Derecho en Zapatillas, Sergio Mohadeb, que se especializa en la defensa de los consumidores, el pago en cuotas por la devaluación debe impugnarse, debido a que las facturas ya se pagaron.

Según el especialista al haberse abonado ya las facturas, se extingue la obligación de pagar el aumento de la tarifa y para eso se basa en el artículo 880 del Código Civil y Comercial. El letrado sostiene que también se viola el principio de retroactividad, del artículo 7, del Código Civil y Comercial, y el derecho de propiedad.

Por esos motivos, Mohadeb sostuvo que la polémica decisión gubernamental es ilegal y realizó un modelo de carta, donde invita a todas las personas que estén en desacuerdo a que impugnen sus facturas.