Solo se sabe que tiene 56 años, que es taiwanesa, viuda, que aparentemente es dueña de un restaurante de carne de serpiente y que mantuvo por cinco años una relación con su vecino, un hombre casado, por lo que la justicia de su país decidió condenarla a 298 años de cárcel.
El sujeto infiel, de apellido Chang y de 50 años, y según la información entregada por el tribunal -Facilitada por Want China Times-, mantuvo una relación clandestina con la dueña del restaurante entre los años 2006 y 2011, con citas en hoteles, que según las estimaciones se habrían llevado a cabo unas 894 veces.
Estos datos no son irrelevantes en Taiwán, donde se penaliza el adulterio. En cuanto a la mujer de esta historia, se le condenó a 3 mil 576 meses de prisión, por la pena de cuatro meses por cada vez que mantuvo relaciones con Chang.
Los cargos lo presentó la esposa del hombre infiel, quien decidió perdonar a su marido, y quitar la denuncia en su contra, por lo que éste no debe pagar ningún tipo de castigo.
El caso ha llamado la atención internacional, donde también se considera que la mujer sentenciada había presentado cargos en contra de Chang, ya en 2011, acusándolo de abuso sexual, luego de que ella tratara de finalizar con la relación extramarital y, aparentemente, el hombre se negara a ello. Según la prensa, su denuncia fue desestimada por la justicia de su país.
Por su parte, Helard Sun informó que los jueces del condado de Changhua decidieron disminuir la condena recibida por la viuda, a dos años o pagar una fianza de 27 mil 300 dólares.
“Ya que el delito no fue grave, los jueves decidieron asignar lo que creen es el castigo adecuado”, comentó Yu Shih- ming, portavoz del tribunal, dijo la AFP.
El año pasado, un grupo de trabajo de la ONU, en relación a la discriminación de las mujeres, denunció el hecho de que en la actualidad aún existan países donde el adulterio es duramente castigado, incluyendo penas como el ahorcamiento o la lapidación.
Entre los lugares nombrados, se encuentran Arabia Saudita, Pakistán, Yemen, Sudán, Irán y Mali e incluso Estados norteamericanos, donde, si bien no suelen abrirse casos judiciales al respecto, sí se considera un delito.