La expresidenta Cristina Kirchner ya tiene cita para su primer juicio oral: el 26 de febrero tendrá que sentarse en el banquillo acusada de haber comandado una asociación ilícita que se apoderó de dinero de la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La ex jefa de Estado no estará sola en ese juicio: allí también serán juzgados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner –preso por esta investigación-.

La acusación sostiene que Cristina Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Antonio Báez integraron "una asociación, la que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos; para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara-, que fijó el inicio de la audiencia para el 26 de febrero de 2019, a las 12.

Se trata del caso más avanzado que tiene la ex presidenta para llegar a una instancia de juicio. No obstante, ya están elevadas también a esa instancia las causas de dólar futuro y Memorándum con Irán.

El caso de Los Sauces está a punto de ser elevado a juicio, mientras que Cristina fue recientemente procesada por el caso Hotesur. Este lunes, la expresidenta enfrentó la ampliación de su indagatoria en la causa de los cuadernos, en donde se estima que también será procesada con prisión preventiva en los próximos días.

El expediente de caso de la obra pública concedida a Austral Construcciones en Santa Cruz fue la primer causa de corrupción que salpicó a la ex presidenta.

Si bien el tema de la obra pública formó parte de la megacausa por asociación ilícita que denunció la diputada Elisa Carrió en 2008, esta investigación se activó por una denuncia de Javier Iguacel, entonces responsable de Vialidad Nacional que hizo en abril de 2016, tras un relevamiento de 52 contratos de obra pública vial que se le concedieron a Báez por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas.

En diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini dictó el procesamiento de Cristina Fernández, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Héctor René Jesús Garro, Juan Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

En setiembre del año siguiente, la Cámara Federal confirmó ese fallo y añadió a la lista de procesados a Abel Fatala, segundo de José López y quien hasta entonces tenía falta de mérito.

"La matriz delictiva se habría instrumentado a través de una estructura administrativa jerarquizada, donde la ex presidente no podía ignorar las especiales características de la maniobra. Ello así puesto que conocía la estrecha relación de amistad de su marido con Lázaro Báez y la extraordinaria evolución patrimonial del nombrado -ambas de público y notorio-, que fue producto exclusivamente de la obra pública vial en su provincia", sostuvieron entonces los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero -hoy ya alejado de la Cámara Federal-.

Aquella resolución destacó como un elemento sustancial que Báez recién comenzó a dedicarse a la construcción justo cuando llegaron los Kirchner al poder. Cristina "ejercía el gobierno de la Nación y se encontraba en la cima de la estructura administrativa del Estado. Por tanto, todos los funcionarios que intervenían en el circuito de la obra pública eran sus subordinados y en particular el Ministro de Planificación Federal, que era la máxima autoridad en materia de obra pública vial, dependía directamente" de ella, sostuvo la Cámara.

"Durante el período comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, se sucedieron múltiples irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos de las empresas vinculadas a Lázaro Báez, que además recibieron un tratamiento preferencial por parte de las instancias administrativas que tenían a su cargo el otorgamiento de los contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, el control y supervisión de dichas obras y el libramiento de los pagos correspondientes", se añadió.