El Departamento de Justicia se pone del lado de los estudiantes asiáticos-americanos que demandaron a la Universidad de Harvard por discriminación racial en el proceso de admisión. En la opinión hecha pública este jueves se cuestiona la legalidad de las prácticas que sigue la prestigiosa institución estadounidense para facilitar el acceso de otras minorías, al considerar que crean una desventaja y refuerza estereotipos.

El respaldo por parte del departamento que dirige Jeff Sessions a este grupo de estudiantes sigue a la decisión, hace dos meses, de revertir las políticas adoptadas por el presidente Barack Obama para fomentar la diversidad racial en las universidades. En su lugar el organismo defiende que se sigan en el proceso de selección de las solicitudes métodos que sean neutros y centrados en los méritos de los estudiantes.

Esta reivindicación tiene origen en una demanda presentada en 2014 en un tribunal federal en Boston por una organización sin ánimo de lucro integrada por estudiantes asiáticos a los que Harvard les negó la admisión para favorecer a alumnos negros y latinos. El Departamento de Justicia se centra especialmente en un elemento del proceso que sigue la universidad al valorar a los estudiantes que llaman a su puerta, el “personal rating”.

Considerar que este baremo es subjetivo y refuerza el estereotipo racial que exite hacia el carácter de los asiáticos. Como consecuencia, estos verían dañadas sus posibilidades para acceder a sus programas de estudios incluso teniendo una mayor cualificación académica. El Gobierno considera en este sentido que las pruebas presentadas por los demandantes han demostrado que los procedimientos de discriminación positiva del centro son "ilegales".

"Harvard tiene la responsabilidad de gestionar sus admisiones sin discriminación racial empleando criterios que cumplan con los requisitos legales", afirma Sessions en una nota de prensa. La batalla legal, que se suma a otras pasadas, está siendo muy seguida en todo EE.UU. porque puede tener implicaciones en la manera en la que otras universidades muy selectivas admiten a sus estudiantes.

La Students for Fair Admissions ya presentó un análisis en este sentido, en el que revelaba que la metodología de Harvard les daba una nota más alta que cualquier otra raza en el aspecto académico pero la más baja en la personalidad. La Universidad argumenta, por su parte, que el proceso de admisión incluye también otros aspectos, como la situación socioeconómica o la cualificación atlética.
Apoyo de otras universidades

La universidad admite que en el análisis holístico de cada aspirante se mide su aportación a la diversidad. Sin embargo considera que los datos que manejan los demandantes en el análisis de las admisiones no son correctos. En los argumentos adicionales presentados a comienzos de la semana insiste en que el criterio de la raza es necesario para garantizar la diversidad de sus clases y lograr los objetivos de excelencia académica que se marca.

En este sentido indicó que destina 200 millones de dólares anuales a los programas de ayuda financiera a estudiantes. También advierte que si se elimina el criterio racial caerá en un 50% la proporción de estudiantes afroamericanos que son admitidos con las prácticas actuales, lo que a su vez favorecería a los estudiantes de raza blanca.

El Departamento de Justicia opina en todo caso que el método es “vago y engañoso”, al tiempo que considera que está desafiando las decisiones del Tribunal Supremo por las que se requiere que la raza se utilice en los procesos de selección de una manera muy ajustada para lograr la diversidad. Harvard, según Sessions, no demostró que se ajusta a esa decisión.

La máxima instancia judicial en EE.UU. no es contraria a que la raza sea un factor al decidir si un estudiante es admitido. Pero rechaza que las universidades traten de establecer un equilibrio en sus clases con cuotas para cada grupo racial. El juicio en Boston está previsto que arranque en octubre. Un total de 16 universidades apoyan la posición de Harvard, porque consideran que prohibir la raza es una “intrusión extraordinaria”.

En el grupo de universidades estadounidenses que apoyan a Harvard se encuentran las otras siete instituciones educativas que integran Ivy League así como Duke, Emory, George Washington, John Hopkins y Stanford. Argumentan que las decisiones que adoptan en los procesos de selección están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución porque se trata “esencialmente de una valoración educativa”.

“Las instituciones educativas tienen la experiencia requerida y el derecho de adoptar las decisiones académicas sobre los criterios
para admitir a sus estudiantes y en particular que tipo, calidad o grado de diversidad es el mejor para la experiencia educativa de los estudiantes y la que les permita florecer”, explica en la opinión presentada hace un mes. Un modelo neutro, añaden, minaría todo esto.
Medidas

El Departamento de Justicia ya inició el año pasado una investigación sobre el proceso de selección en Harvard, en respuesta a esta denuncia. La decisión del tribunal, por tanto, es clava para que el equipo de Jeff Sessions pueda interpretar la legislación federal en materia de discriminación positiva y, llegado el caso, emprender acciones administrativas para haya un cambio. También señala que estos centros reciben fondos públicos.

Los abogados de Harvard piden a la corte federal que se pronuncie a su favor sin tener que ir a juicio. Pero el Gobierno considera que el proceso debe seguir adelante, para que las acusaciones puedan juzgarse. Consideran que la universidad lleva 45 años aplicando estas prácticas sin contemplar una alternativa. "Están orgullosos de cómo lo hacen por la diversidad y está pasando en muchos otros lugares", advierten los funcionarios.

Las políticas que abogan por la discriminación positiva en EE.UU. empezaron a adoptarse a raíz de una orden ejecutiva firmada por el presidente John F. Kennedy en 1961. En ella se instaba a la Administración a evitar la exclusión racial, étnica o religiosa en el acceso al empleo. También cubría a las empresas privadas que tenía contratos con el Gobierno. Harvard se sumó a este movimiento una década después, a la que siguieron otros centros.

El País