En la carrera de los arrepentidos, el que llega último no resulta, necesariamente, el perdedor. Cuantas más personas se suman al régimen del arrepentido, más relevante debe ser la información que aporten a la investigación judicial. Además, la información que brinden puede perjudicar a los que hayan declarado previamente. “La sortija es para pocos”, había dicho el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, cuando comenzó la ola de “arrepentimientos”.

Para que se homologara el acuerdo que lo convertiría en imputado colaborador, Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la empresa Esuco, tuvo que aportar información más precisa a la investigación judicial.

Su declaración, el viernes pasado, habría sido la más contundente. Wagner involucró directamente a la expresidenta Cristina Kirchner: dijo que ella estaba al tanto de los recorridos que realizaba Roberto Baratta para recibir dinero de los empresarios.

También, por haber nucleado durante años a las empresas del rubro de la construcción, hizo mención a otras firmas constructoras que efectuaron pagos de sobornos al Estado y serán investigadas.

Pero, además, la declaración de Wagner pone en jaque a quienes fueron los primeros “arrepentidos”, como Ángelo Calcaterra , exdueño de Iecsa, quien declaró que entregó dinero como aportes a las campañas electorales del Frente para la Victoria “para que aflojaran” las presiones por parte del gobierno, y Juan Carlos De Goycoechea, expresidente de la española Isolux.

Wagner no habló de aportes para las campañas políticas, como sí lo hicieron otros arrepentidos, como Armando Loson, Jorge Neira y Javier Sánchez Caballero. Habló de un sistema cartelizado, donde las licitaciones se distribuían de manera coordinada entre empresas y los consorcios de obra pública.

“Los empresarios no están arrepentidos. Ellos quieren mejorar su situación. No creo que estén arrepentidos de nada, o en todo caso deberán hablar con su psicólogo o con su sacerdote”, dijo ayer Manuel Garrido, exjefe de la Oficina Anticorrupción y fiscal nacional de investigaciones, en declaraciones a radio Millenium.

Según indica la ley del arrepentido, “la ejecución del beneficio se diferirá al momento del dictado de la sentencia de condena por el tribunal de juicio”. Hasta que se dicten las sentencias, los arrepentidos no sabrán con precisión el efecto de su declaración. Lo que buscan los empresarios imputados es evitar ser acusados de formar parte de una asociación ilícita.

Garrido criticó al exjuez federal Norberto Oyarbide , quien se ofreció a declarar como arrepentido: “Uno no tiene que decir ‘yo me arrepiento, estuve mal’, y ponerse a llorar. Uno hace un acuerdo, que va a aportar determinada información sobre determinadas cuestiones, a cambio de que le reduzcan la pena”.