Esta merma constante en la publicación de avisos en los medios gráficos es consecuencia directa de las presiones que ejerce el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, sobre las cadenas de supermercados y de electrodomésticos, que dejaron de publicitar sus ofertas desde febrero último.
Esta acción del Gobierno provoca un doble efecto: no sólo atenta contra la libertad de expresión y la sustentabilidad económica de los medios independientes, sino que priva a los usuarios y consumidores de acceder a la información sobre precios y productos.

Ante esta situación, un grupo de diputados de la oposición decidió elaborar el "índice de censura M" (por Moreno) para alertar a la sociedad sobre esta embestida del Gobierno contra los medios. Según este índice, en julio pasado la caída en publicidad respecto de enero (cuando no había cepo publicitario) fue del 73%; al mes siguiente, la cifra se elevó al 78%.
Para elaborar el índice, la empresa Monitor de Medios Publicitarios SA audita el volumen de páginas de publicidad privada de 17 diarios de circulación nacional, tanto los independientes como los más cercanos al Gobierno. Ellos son Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico (BAE), Buenos Aires Herald, Clarín, Crónica (la edición matutina), Diario Popular, El Cronista, El Economista, Infocampo, LA NACION, La Prensa, La Razón, Muy, Olé, Página/12, Perfil y Tiempo Argentino.

"La suspensión de la publicidad afecta a todos los medios. La cuestión aquí es que aquellos que son más afines al Gobierno compensan la caída con publicidad oficial", explicó la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos).
"Lo que el Gobierno no quiere es que los medios publiciten los precios de supermercados y electrodomésticos porque revelaría la suba de la inflación. De paso, se censura a los medios independientes", sintetizó su colega de la UCR Juan Pedro Tunessi.

Por su parte, el diputado Omar Duclós (GEN) advirtió que "el Gobierno necesita hegemonizar el discurso público", mientras que su par del Frente Peronista, Carlos Brown, remarcó: "Existen dos culpables: el principal es el Gobierno, que a través de sus funcionarios da órdenes de prohibir las publicidades, y los anunciantes, que se vuelven cómplices al no denunciarlos".


Fuente: La Nación