Los cuestionados fondos provenientes de la minera Bajo de la Alumbrera volvieron a ser motivo de debate en la reunión del Consejo Superior de este martes. Sus miembros ratificaron que el dinero no será utilizado hasta tanto la comunidad universitaria resuelva qué destino le dará, pero reiteraron su decisión de crear un plazo fijo de 90 días para evitar que esos recursos pierdan más valor a causa de la inflación.

Las discusiones surgieron a raíz de un pedido de reconsideración del tema que presentó el consejero superior docente Claudio Demo y por una nota elevada por la Asociación Gremial Docente, que a través de su titular, Guillermo Ashworth, pidió al cuerpo colegiado que, antes de tomar cualquier decisión, se lleve a cabo una “discusión profunda” sobre el tema, con la participación de todos los sectores, tanto universitarios cuanto de la comunidad en general.

En la oportunidad, los consejeros superiores estudiantiles, que representan a la agrupación Dinámica Estudiantil, también presentaron su propio proyecto impulsando la utilización de los fondos, pero con fines determinados.

Toda esta documentación y otra que se incorpore en adelante se considerarán cuando dentro de tres meses aproximadamente la Universidad aborde el tema y decida al fin si utiliza o no los controvertidos recursos.

En 2009, esta casa de estudios fue la primera universidad del país en rechazar los recursos originados en aquella explotación minera de Catamarca. Desde entonces, la UNRC recibió sistemáticamente el depósito de ese dinero, aunque nunca los utilizó.

Así fue que, a la fecha, se acumularon en favor de la UNRC cerca de 10 millones 250 mil pesos.

Después del tiempo transcurrido, estos fondos cuestionados volvieron a ser tema de discusión en el seno del Consejo Superior. Hace quince días atrás, el cuerpo colegiado decidió crear un plazo fijo hasta tanto se resuelva qué hacer con el dinero, para evitar de esa manera que se siga desvalorizando por la inflación, y resolvió además establecer un límite de 90 días para fijar una posición definitiva.

Ambas decisiones fueron aprobadas por los consejeros superiores. Sin embargo, este martes el consejero docente por la Facultad de Agronomía y Veterinaria Claudio Demo presentó un pedido de reconsideración del tema.

Argumentó Demo: “En mi análisis, decidimos sobre un dinero que, según las resoluciones del Consejo Superior 236/09, 340/10, 150/12 y 355/13, no nos pertenece porque fue rechazada su aceptación. Las dos primeras resoluciones plantean la no incorporación al presupuesto universitario y las otras dos el no uso. Por lo tanto, el Consejo no puede decidir sobre un dinero que no le pertenece a la Universidad. En todo caso, primero se deben derogar las cuatro resoluciones, ser sustituidas por una que acepte los fondos y recién asignarle un destino”.

Demo sostuvo que “solo debería quedar firme” la decisión del cuerpo colegiado de fijar el plazo de noventa días para analizar y definir sobre el destino de los fondos provenientes de la minera.

Este pedido de reconsideración no recibió el respaldo necesario para que el tema vuelva a ser tratado por el cuerpo colegiado.

Vicerrector: “Nunca el Consejo decidió usar el dinero”
 
Tras el pedido de reconsideración del tema, el vicerrector Jorge González, quien presidió la sesión de este martes, dijo: “Nunca este Consejo Superior decidió utilizar el dinero”, pero abogó por una discusión “profunda” en el futuro acerca de qué destino va a tener.

Mientras tanto, también ingresó este martes al cuerpo colegiado un proyecto presentado por los consejeros superiores estudiantiles Camila Vicente, Florencia Fungo y Pablo Fiezzi para derogar las resoluciones mencionadas anteriormente y proponer la utilización de los fondos mineros para financiar actividades de investigación, el mantenimiento de las Residencias Universitarias y la ampliación del Jardín Maternal “Rayito de Sol”.

Concretamente, propusieron destinar “el 50 por ciento del dinero a proyectos de investigación sobre las consecuencias ambientales, sociales, económicas y políticas de la actividad minera y formas de poder disminuir el impacto de la misma”.

También propusieron destinar el 25 por ciento al mantenimiento o reparación de las Residencias Estudiantiles Universitarias “Juan A. Politano” y el 25 por ciento restante a la ampliación del Jardín Maternal “Rayito de Sol” para permitir que más hijos de estudiantes puedan acceder a ese servicio.

Desde 2009, los fondos que Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio puso a disposición de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en cumplimiento de los establecido en el inciso “c” del artículo 18 de la Ley 14.771, se hallan en una cuenta especial del Banco Nación a valores históricos desde la fecha de su ingreso a la Tesorería de la UNRC.

Esos más de 10,2 millones de pesos corresponden a tres remesas de dinero. Una de febrero de 2009 por 1 millón 237 mil 786 pesos; otra de noviembre de 2010, por 872 mil 766 pesos y otra de diciembre de 2016 por 8 millones 137 mil 139 pesos.

En el marco del debate que se dio este martes en el cuerpo colegiado, el consejero nodocente Eduardo Tello manifestó: “No podemos caer en la petulancia de dejar que ese dinero se nos evapore en las manos sabiendo las necesidades sociales que hoy están padeciendo los sectores más carenciados”, tras lo cual calculó que el dinero proveniente de la minera, por estar congelado, se desvalorizó en un 60 por ciento. Y agregó: “Por eso, luego de analizar el tema en la Comisión de Presupuesto, le sugerimos al Consejo Superior que apruebe la creación de un plazo fijo para que ese dinero no siga perdiendo valor mientras se decide si se lo va a utilizar o
no”.

Por su parte, la consejera docente por la Facultad de Ciencias Económicas Ana María Cormick se manifestó de acuerdo en que los fondos se utilicen. Dijo: “La Universidad tiene compromisos sociales. En lugar de tener la plata guardada, podría destinarla a instituciones sociales. Tenemos que ayudar a los demás y esa plata está ahí sin usarse”.

Claudia Harrington, consejera docente de Ciencias Humanas, consideró que la Universidad “dio un primer paso al resguardar el valor de ese dinero”, pero opinó que “quizás este sea el momento de dar un debate amplio sobre el tema. Todas las voces tienen que ser escuchadas y la sociedad nos pide decisiones claras. Creo que tiene que haber una apertura para la presentación de propuestas”.

La decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Marisa Rovera, en tanto, señaló: “Debemos poner en contexto actual el uso o no de estos recursos, pero esto no está condicionado por la creación del plazo fijo que resolvió el Consejo Superior. Esa decisión no implica el uso de los fondos”.

El vicerrector Jorge González sostuvo por su parte que “la mejor expresión de seriedad que le puede dar la Universidad a la sociedad es la de un debate serio y con altura sobre este tema”.

También dio su parecer la consejera docente de Agronomía y Veterinaria Bibiana Pelliza. Remarcó: “Si vamos a discutir, discutamos en serio y sin hipocresías de dónde viene la plata que reciben las universidades. Viene de la soja, del tabaco, de la fumigación. Démosle a la plata el fin que consideremos, pero sin hipocresías”, reiteró.

Finalmente, el secretario general la Asociación Gremial Docente, Guillermo Ashworth, participó del debate e historió sobre las distintas instancias que desde el año 2009 generó este envío de fondos de la minería a las universidades nacionales en general.

El dirigente gremial pidió que cualquier decisión sobre este dinero “tenga el mismo tratamiento que tuvo antes, para lo cual debemos invitar a participar a todos los sectores que están involucrados tanto dentro cuanto fuera de la Universidad”.

Ashworth advirtió luego: “Este no es un dinero que se pueda usar para cualquier cosa. Hay que leer bien la ley”.