MADRID.- El rey de España es "inviolable" y "no está sujeto a responsabilidad", según dispone la Constitución. No puede ser juzgado ni citado por un juez ni siquiera como testigo. Pero desde ayer el nombre de Juan Carlos de Borbón y Borbón aparece como protagonista de una operación financiera investigada en la causa de corrupción que complica a su hija, la infanta Cristina.

La Hacienda Pública reveló en un informe enviado a la justicia que el rey transfirió a la duquesa de Palma en 2004 un total de 1,2 millones de euros (en dos giros consecutivos, bajo el concepto de préstamo). El dinero, según informó ayer la Casa Real, fue para financiar las reformas en el palacete que la infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, compraron en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes. "De todo hay escritura pública y fue declarado al fisco como corresponde", se apuraron a aclarar voceros de la institución.

La información había sido solicitada por el juez José Castro, que tiene imputado a Urdangarin por el fraude cometido con una falsa ONG e investiga a Cristina por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Al recibir los datos de todos los movimientos bancarios de la infanta en los últimos diez años surgió la hasta ahora desconocida ayuda del monarca.

El dato incomoda a Juan Carlos por partida doble: por un lado, lo mezcla de alguna forma en un escándalo de corrupción del que intentó desde el primer momento despegar a la corona y, por otro, abre un frente de debate sobre su dinero personal.

En 2011, cuando ya había estallado el escándalo Urdangarin, el Palacio de la Zarzuela publicó por primera vez detalles sobre las finanzas del rey. Cobraba entonces 292.000 euros al año (140.519 de sueldo y 152.233 por gastos de representación).

Es decir que el préstamo que destinó a Cristina y a Urdangarin para las reformas en la mansión de 1000 metros cuadrados supera la suma de cuatro años de sus ingresos.

Justamente la compra y la reforma del palacete de Pedralbes representan un hecho clave en la investigación del denominado caso Nóos, tal como se llamaba el falso instituto sin fines de lucro con el que Urdangarin habría estafado a varias administraciones públicas.

El juez Castro analiza cómo hicieron los duques de Palma para sumar ese patrimonio (más de 9 millones de euros, entre la propiedad y las obras), al parecer muy alejado de sus posibilidades financieras.

Urdangarin está acusado de cobrar por lo menos 8 millones de euros a los gobiernos de Baleares y Valencia, entre otros. Pese a que Nóos era en teoría una ONG, se descubrió que la mayor parte de los fondos terminó en cuentas de Urdangarin.

En abril pasado, Castro imputó a la infanta por fraude, pero el tribunal de segunda instancia suspendió la resolución. En cambio, le pidió que investigara la posible comisión de delito fiscal por parte de la hija del rey.

En el correr de esa pesquisa aparece ahora la operación financiera del rey. Se trata de dos transferencias "urgentes" ordenadas por el cliente que en los papeles figura como "S M Juan Carlos de Borbón y Bo".

La infanta también dejó constancia de una deuda de 1,2 millones de euros en su declaración jurada de 2004, 2005, 2006 y 2007. En 2012 volvió a declarar una deuda de 1.050.000 euros. No aclaró quién era el acreedor (no está obligada a hacerlo).

Se espera que en las próximas semanas el caso Nóos se eleve a juicio y se conozca la acusación formal contra el yerno del rey. En paralelo, Castro debe determinar si imputa o no a la infanta por evasión y blanqueo de capitales en relación con los negocios de su esposo.

Fuente: lanación.com