No surgió ahora, en medio del debate nacional por la despenalización del aborto. Hace siete años que, en Hernando, los concejales aprobaron una ordenanza que declara a esa ciudad en contra del aborto.

La norma, aprobada en 2011, “rechaza la promoción del aborto”, al reconocer “el inicio de la vida desde la concepción”. E invoca lo establecido en la Constitución nacional y en la provincial, en la Carta Orgánica local y en otros antecedentes. Hasta fija una partida presupuestaria del municipio para “educar, prevenir y concientizar” en materia sexual y reproductiva. “Para evitar la maternidad y paternidad inesperadas y su consecuente aborto”, fundamenta la ordenanza.

Daniel Meichtri, actual director de Vivienda y Familia de la Municipalidad y concejal por la UCR, quien en aquel momento promovió la iniciativa, asegura ahora que la medida “es política de Estado en Hernando”.
 
Según relató, ese presupuesto asignado ha servido, por ejemplo, para que dos profesionales hayan intervenido en situaciones especiales “salvando vidas”, al evitar posibles prácticas de aborto. Ese equipo municipal también hace seguimientos de casos para asesorar en planificación familiar.
Detalló que desde el municipio “se acompaña a las mujeres, tanto en momentos extremos, como en embarazos adolescentes o abusos, como también en casos comunes”.

Meichtri apuntó que la norma considera “la dignidad del niño por nacer” y aboga en el sentido de que “el aborto es evitable”. Aclaró que cuando se trató “no se entró en la discusión de si es o no punible”, cuestión que ahora se discute en el Congreso Nacional.

Desde que se aprobó, la ordenanza nunca fue puesta en discusión por ningún bloque político local. Según el exedil, al momento de su aprobación averiguaron y no había en el país antecedentes similares: “Hernando fue la localidad pionera en el país”, indicó.

Apuntó que el criterio es que el Estado juntamente con otras organizaciones tienen que proveer a la sociedad de los mecanismos para la educación y para el acompañamiento dentro de políticas sociales y de salud.
“Rechazar categóricamente la promoción del aborto como alternativa de salud, por cuanto su práctica no beneficia a nadie”, manifiesta la ordenanza.

La existencia de la norma no garantiza –ni tendría cómo hacerlo– que no se registren abortos en la ciudad.
Si una ley nacional estableciera que el aborto deja de ser un delito punible, la ordenanza local, en términos jurídicos, quedaría apenas como una declaración que expresa un criterio diferente.
 
Fuente: La Voz