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01/12/2017 19:43 hs

Los mapuches aceptaron que se realice una inspección en el predio donde murió baleado un joven

Argentina - 01/12/2017 19:43 hs
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En la mesa de diálogo, la comunidad que tomó los terrenos avaló una inspección ocular y negaron un vínculo con la RAM.

En una de las primeras medidas concretas tomadas en la mesa de diálogo conformada entre las comunidades mapuches, el Gobierno y la Iglesia, los miembros de la Lof Lafken Winkul Maipu que ocuparon los terrenos de Villa Mascardi aceptaron que el juez federal Guillermo Villanueva ingrese en esas tierras para "realizar una inspección ocular" en el marco de la investigación por la muerte del joven Rafael Nahuel.

Luego de una mañana de deliberaciones en la Universidad del Comahue, los integrantes de la mesa de diálogo firmaron un acta que se la trasladaron al juez Villanueva en la que la comunidad mapuche avaló la posibilidad del ingreso para realizar un peritaje y avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Nahuel. Sucede que el gobierno nacional asegura que en el enfrentamiento para desalojar a los mapuches de las tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi el grupo Albatros de Prefectura recibió disparos de parte de los ocupantes. Pero los miembros de la comunidad el Lof Lafken Winkul Maipu sostienen que jamás usaron armas de fuego y que fueron reprimidos por la espalda por las fuerzas de seguridad para que salieran del lugar que consideran de sus ancestros y un espacio sagrado.

Se estima que ante esta decisión el juez Villanueva ahora podrá ingresar sin problemas a las tierras de Villa Mascardi donde murió Nahuel el sábado pasado. Pero en el Gobierno nacional aseguran que si allí hubo armas de fuego, pasados más de cinco días pudo haberse "limpiado" toda la escena del crimen. En el Lof mapuche insisten en que jamás utilizaron armas cuando llegó el escuadrón de Albatros para despejar los terrenos. Por otro lado, referentes de la comunidad mapuche manifiestan que el juez podrá avanzar ahora con nuevas medidas testimoniales de las personas que estuvieron el sábado cuando falleció Nahuel.

La causa judicial por la muerte del joven mapuche tiene secreto de sumario y sólo las partes querellantes pueden tener acceso a la misma. Pero recién este viernes los abogados de la familia de Nahuel pudieron ver el expediente.

En el documento escrito en el marco de la mesa de diálogo, el Lof y el resto de las comunidades mapuches dejaron en claro que "no reconocen la existencia de una organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)". De esta manera, los grupos que ocupan los predios de Parques Nacionales buscan desligarse de los grupos violentos mapuches que en los últimos meses causaron estragos en distintos sectores de la Patagonia.

Si bien en la mesa de diálogo están representando al Gobierno Jimena Pstahakis y Nicolás Torres del Instituto Argentino de Estudios Indígenas (INAI), desde el Ministerio de Seguridad hasta el propio presidente Mauricio Macri están convencidos de que la RAM es un grupo mapuche violento que tiene ramificaciones en todas las tomas de tierras y atentados que se registraron en los últimos tiempos. De hecho, Fausto Jones Huala, que es hermano de Facundo Jones Huala, uno de los miembros de la RAM, estuvo presente en la toma del Lof en Villa Mascardi y fue detenido durante cuatro días.

Sobre Facundo Jones Huala y Lautaro González, la mesa de diálogo dejó en claro que "no están imputados en la causa por la investigación" de la muerte de Nahuel.

En tanto, los miembros de las comunidades mapuches que integran la mesa reiteraron la necesidad de que las autoridades de Parques Nacionales, que actúan como querellantes de la causa por la toma de tierras en Villa Mascardi, se sumen a ese espacio de negociaciones. Sin embargo, desde la Casa Rosada en forma terminante que hasta que no se desaloje el lugar por parte de la comunidad mapuche, Parques Nacionales no se sentará a negociar. "Se puede dialogar pero con la ley en la mano", expresaron fuentes del Gobierno.

La mesa de diálogo está conformada por las comunidades mapuches de Río Negro y Neuquén, la Iglesia, la Universidad del Comahue, la Defensoría del Pueblo de Río Negro, la CTA y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.

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