El juez que investiga el supuesto caso de trata de personas y explotación laboral e infantil en un campo de Bengolea confirmó que fueron rescatadas cuatro familias, que se encontraban en una situación de absoluta precariedad.
El juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, a cargo del Juzgado Federal de Río Cuarto por la feria, dijo que tres familias, con un total de 15 miembros, están siendo contenidas por la Subsecretaría de Trata en la ciudad de Córdoba.
En diálogo con Informe 16, el magistrado sostuvo que las familias vivían en sectores distintos del campo en condiciones precarias de vivienda, alimentación y vestimenta.
“Nos encontramos en plena etapa de investigación, el jueves 12 logramos sacar de un campo de Bengolea a una familia que estaba en una situación de extrema precariedad y se está investigando para ver si es trata de persona, explotación laboral, explotación infantil.
El sábado se hizo otro allanamiento donde se rescataron dos familias más, o sea que ahora hay tres familias que están recibiendo asistencia en Córdoba a cargo de la Subsecretaria de Trata y la policía federal con el apoyo de la policía Bengolea”.
De acuerdo al informe del juez tres familias solicitaron la asistencia y una familia que fue rescatada solicitó volver porque decían tener un medio de movilidad propio para poder entrar y salir del campo, además de tener otro tipo de relación con el agropecuario. Mientras que las otras familias estaban a 13 km de distancia y se investiga si se les impedía el ingreso y egreso del lugar para poder satisfacer sus necesidades básicas.
Precisó que la situación del productor agropecuario de apellido Ryan recién se definirá cuando declaren como testigos las familias damnificadas y se le tome indagatoria. “En principio contamos con el informe de una de las familias en donde explican la situación que vieron en el lugar y de qué se trataría, falta hablar con las otras dos familias y queda tomar la indagatoria de la persona detenida. Es de vital importancia el informe de la Subsecretaria” declaró Pinto.
El juez dijo que los trabajadores fueron engañados para traerlos a trabajar desde sus lugares de origen hasta la zona, “en principio se les habría ofrecido un tipo de trabajo y condiciones laborales que luego no fueron cumplidas”.
Una de las familias es de Entre Ríos y las otras aparentemente son de Corrientes, y han manifestado la voluntad de volver a sus lugares de origen.