La decisión fue tomada ayer por todos los ministros del alto tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, y la audiencia, de altísimo voltaje político, tendrá lugar el miércoles 28.

Allí se verán la cara los abogados de ambas partes; los cinco amigos del tribunal que proponga cada una de ellas y los peritos. La Corte interrogará a todos. Pero, además, también habrá entre el público numerosos políticos y organizaciones sociales.

Es habitual que la Corte convoque a este tipo de debates públicos cuando enfrenta temas que son especialmente complejos, porque los ministros del alto tribunal aprovechan ese momento para hacer preguntas y sacarse dudas.

Pero si había un tema espinoso y conflictivo para elegir, el de la ley de medios, que enfrenta directamente a la presidenta Cristina Kirchner con el Grupo Clarín -al que la primera mandataria acusa de monopólico- supera todas las expectativas.

En efecto, esa norma, que fue sancionada en 2009, está plenamente vigente, excepto cuatro artículos que la presidenta Cristina Kirchner quiere aplicar para intentar desarticular al Grupo Clarín y que el multimedio impugnó con suerte diversa ante la Justicia.

Esos artículos establecen que un mismo empresario de medios no puede ser titular de TV abierta y de TV por cable; dispone que una empresa de cable no puede trasmitir más de una señal propia y no puede llegar a más de 24 localidades ni superar el 35 por ciento de abonados y obliga a las empresas que superan esos límites a desprenderse de sus licencias en el plazo de un año.

EL CASO

Desde un primer momento, el Gobierno puso todas sus expectativas en un fallo judicial que obligue al Grupo Clarín a desinvertir e, incluso, le puso una fecha -el 7 de diciembre- que pasó sin pena ni gloria.

La Presidenta también se refirió a este caso en numerosos discursos públicos, y tanto el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, como varios ministros y las organizaciones sociales afines al Gobierno -entre ellas, el CELS, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- ejercieron una fuerte presión sobre los jueces y el Consejo de la Magistratura, y lograron recusar o enjuiciar a muchos magistrados que intervenían en ese caso.

En medio de ese clima nada tranquilo, en diciembre último el juez federal Horacio Alfonso le dio la razón al Gobierno y declaró que los cuatro artículos impugnados por el Grupo Clarín son constitucionales.

A fines del año pasado, el caso también llegó a la Corte por vía de dos per saltum que planteó el Poder Ejecutivo y que el tribunal rechazó. Hasta que, finalmente, en el mes de abril, la Cámara Civil y Comercial Federal revocó parcialmente la sentencia del juez Alfonso y resolvió que dos de esos artículos son inconstitucionales.

En junio último, el tema finalmente quedó a estudio del máximo tribunal y varios amigos del tribunal le pidieron que se acepte su intervención.

Por eso, en la audiencia, que la Corte justifica por la "trascendencia de las cuestiones planteadas", los abogados del Estado nacional -y los de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca)- tendrán, cada uno, 45 minutos para exponer. Luego, será el turno de los cinco "amigos del tribunal" ( amicus curiae ), que presentarán cada una de las partes, quienes dispondrán de 15 minutos. Y la Corte también podrá interrogar a los peritos del caso.

LOS TEMAS CONFLICTIVOS

La Corte ya fijó los ejes del debate, que girará sobre la aplicación de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley 26.522.

La ley, diseñada por el Gobierno para fragmentar al Grupo Clarín y partir Cablevisión, busca construir medios más pequeños. La empresa dice que debilitar a los medios afecta la competencia y expone a ser colonizados por el Estado.

La ley establece que una empresa de cable sólo puede llegar a 24 localidades y tampoco puede llegar a más del 35 por ciento de los abonados.

El Gobierno defiende esas normas, pero el Grupo Clarín sostiene que esos límites discriminan al cable, mientras que DirecTV, con una sola licencia de TV satelital, llega a todo el país.

Por otra parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la Cámara Federal Civil y Comercial dijeron que los cables, que no usan el espectro radioeléctrico, no pueden estar sujetos a regulación. Y tanto la CIDH como la Cámara Federal recordaron que el Congreso no puede dictar leyes antimonopólicas que sean exclusivamente aplicables a los medios.

La ley también dispone límites a la cantidad de canales y radios que puede tener una misma empresa. No más de diez en todo el país. Como esos medios sí usan espectro radioeléctrico, la Cámara Federal avaló esa limitación, pero Clarín apeló.

La ley también dispuso que un mismo operador no puede ser titular de una TV abierta y de un cable en una misma zona y, al mismo tiempo, no puede transmitir más de una señal propia. El Grupo Clarín explica que en otros países esas limitaciones no existen y que en los Estados Unidos, donde sí hubo algunos límites, fueron declarados inconstitucionales.

UN CONFLICTO JUDICIAL DE ALTO VOLTAJE POLÍTICO

La ley de medios fue sancionada en 2009. Está plenamente vigente, excepto cuatro artículos que el Grupo Clarín impugnó ante la Justicia

La audiencia comenzará el 28 y podría terminar el 29. Cuando finalice, la Corte quedará en condiciones de estudiar el caso y dictar un fallo. Los jueces no decidieron aún si lo dictarán antes o después de las elecciones de octubre.

Fuente: La Nación