Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron hoy la imputación contra la ex presidenta Cristina Kirchner, en la causa en la que fue citada a declaración indagatoria por irregularidades en la adjudicación de obra pública al detenido empresario Lázaro Báez, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, informó la agencia Télam.

Cristina Kirchner tenía agendada ayer una declaración indagatoria en Comodro Py por esta causa, pero fue postergada hasta el próximo viernes por el nacimiento de la tercera nieta de la ex presidenta en Río Gallegos.

Con la postergación de la indagatoria, el juez Ercolini no hizo lugar a otro pedido del abogado defensor, Carlos Beraldi, que había solicitado la nulidad de "los dictámenes de los fiscales" contra la ex Presidenta y de la citación a declarar como imputada.

Al pedir la nulidad de la declaración indagatoria, Cristina Kirchner consideró que la investigación de los fiscales Pollicita y Mahiques es "sesgada" y se trata de una "persecución política", al considerar que mantienen "un relación directa" con el Gobierno.

La ex presidenta pidió, además, ampliar el objeto de la investigación: requirió que no sólo se evalúen las partidas de obra pública destinadas a Santa Cruz, sino que la causa incluya todos los fondos destinados a la obra pública, desde 2003 hasta 2015, a fin de "que se efectúe un análisis completo, objetivo y legítimo de la totalidad de la obra pública".

Dentro de esa argumentación, Cristina Kirchner pidió que se tome como medida de prueba un ranking sobre la distribución de la obra pública que se realizó durante su gobierno, en el que -remarcó- Báez aparece en el puesto 38. Y requirió específicamente incluir en la investigación a la firma Iecsa SA, una constructora que ganó diversos contratos de obra pública, cuyo dueño era Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Los fiscales, por su parte, consideran que Néstor y Cristina Kirchner idearon un "plan criminal" para convertir a Báez en uno de los más importantes empresarios de la construcción al otorgarle "prácticamente el 80% de las obras viales" de dicha provincia con enormes beneficios y sin controles, lo que permitió -aseguran- incumplir decenas de contratos.