Florio destacó en su columna semanal que la jurisprudencia internacional encuadra en este mismo carácter al terrorismo, la tortura, el genocidio y el secuestro. El fallo unánime alcanza relevancia en un país donde la corrupción daña al Estado desde los tiempos de Menem, pero actualmente se intenta combatir por una justicia que se ha acomodado a los tiempos.

En Argentina, la Justicia Federal que interviene en los casos de delitos de la administración pública se encontraba paralizada en los últimos años por complicidad con el poder, miedo y presencia de jueces deshonestos.

Florio comentó que intervino en el caso Elisa Carrió, a quién el tribunal le aceptó un peritaje especializado basado en el Artículo número 36 de la Constitución que defiende la democracia de la corrupción. El acusado fue el ex-juez Julio Miralles por haber concedido amparos en 2001 en el caso del Corralito Financiero para que los bancos devolvieran rápidamente la plata a los ahorristas, registrándose un acontecimiento ilícito.
 
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