"Es obvio que el primer ministro está muy decepcionado por el hecho de que España no haya suprimido este fin de semana los controles", dijo ayer un vocero oficial del gobierno de David Cameron.

Gran Bretaña analiza denunciar a España ante la Unión Europea (UE) por la restricción a la libre circulación de ciudadanos que implican, en su visión, las medidas dispuestas por Madrid, que llegaron a ocasionar colas de varias horas para entrar o salir de la diminuta colonia británica en el Mediterráneo.

España justifica los estrictos chequeos en la necesidad de prevenir maniobras de contrabando desde el territorio británico, que es un puerto libre. Pero en realidad las restricciones actuaron como represalia a la decisión del gobierno local de Gibraltar de lanzar en sus costas 72 bloques de cemento con hierros para impedir la pesca de arrastre de la flota artesanal española que faena en la zona. "Los controles son irrenunciables", respondió ayer la cancillería española después de conocer la advertencia inglesa.

Fuentes citadas por The Guardian afirmaron que el malestar de Downing Street ha aumentado a partir de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, insinuó que buscará un frente común con la Argentina para instalar los reclamos de soberanía sobre Gibraltar y sobre las Malvinas en organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU.

Lo hizo explícito el alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, en una columna titulada "Los españoles tienen que sacar sus manos de la garganta de Gibraltar" y que publicó The Daily Telegraph: "Ésta no es una discusión sobre pesca. Me temo que esto es una descarada táctica de distracción de Madrid, y aunque sería ridículo comparar al gobierno de Rajoy con la tiranía del general Galtieri y su invasión de las Malvinas, el envite es más o menos el mismo". Acusó directamente al presidente español de intentar tapar el escándalo de corrupción en el PP que tiene en vilo a su administración.

Cameron y Rajoy hablaron por teléfono el miércoles pasado y, según el gobierno británico, existía un compromiso de eliminar los controles exhaustivos que, por momentos, dejan aislados a los gibraltareños en sus 6,8 kilómetros cuadrados de tierra.

Pero España desmintió esa promesa y mantuvo tanto los operativos como su amenaza de imponer una suerte de peaje de 50 euros para cruzar en coche la frontera que separa Gibraltar de la ciudad andaluza de La Línea de la Concepción. Además, el propio Rajoy acusó a Gran Bretaña de perjudicar la economía y el medio ambiente en la zona del estrecho.

"Ahora estamos sopesando qué acciones legales tenemos ante nosotros. Ése sería un paso sin precedente, por lo que queremos estudiarlo con mucho cuidado antes de tomar la decisión de seguir adelante", dijo ayer el vocero de Cameron.

Añadió que el embajador de Gran Bretaña en Madrid, Gilles Paxman, llevaría en las próximas horas una protesta formal al Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que anticiparía cuáles serían los pasos judiciales que tomará Londres.

Downing Street insistió en que está dispuesto a ir en serio: "Si avanzamos en ese camino, vamos a presionar a la UE para que tome el caso con urgencias. Los controles fronterizos son desproporcionados. Violan la ley comunitaria y el derecho de libre movimiento".

La crisis despierta fuerte preocupación en la UE, que se enfrenta a una tensión del todo inusual entre dos de sus cinco mayores socios. Bruselas analiza enviar una misión a la frontera para comprobar si los controles españoles siguen los principios de "legalidad y no discriminación" que dispone la política de la unión.

El gobierno de Rajoy argumenta que se cumplen todas las leyes de la UE, ya que Gran Bretaña y su colonia no integran el área Schengen de libre circulación comunitaria. Además, los operativos no son discriminatorios, se defiende, ya que se aplican tanto a los ciudadanos británicos de Gibraltar como a los españoles que cruzan a diario a trabajar o a hacer compras en el Peñón. La disputa promete agravarse.

Mientras el tono diplomático se hace más agrio, ayer partió desde el puerto de Portsmouth el HMS Illustrious, el primero de los buques de la Royal Navy cargados de soldados que visitarán Gibraltar antes de fin de mes. Si bien van para ejercicios militares acordados hace tiempo, el despliegue alrededor del Peñón ha despertado un fuerte rechazo en España.