Una nueva polémica se desató entre el Gobierno y la industria de semillas por el proyecto de ley para la actividad que el Ministerio de Agroindustria está elaborando y presentará en las próximas semanas en el Congreso.

"El proyecto presentado no responde a los objetivos de integración con el mundo y desarrollo sostenible planteados por el Presidente en la reciente cumbre del G20 realizada en China", expresó ayer en un comunicado la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), entidad que reúne a las principales empresas del sector.

ASA dijo que esperaba que pudiera abrir "un espacio genuino de diálogo", y añadió: "no hemos tenido eco hasta la fecha".
El jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, lamentó el comunicado de la entidad y respondió: "Nos parece una falta de respeto, han estado infinidad de veces reunidos con nosotros como asociación y las empresas que forman ASA también lo han hecho individualmente".

El conflicto se centra en que el Gobierno quiere renovar la ley de semillas 20.247, que data de 1973, muchos años antes del crecimiento exponencial de la producción de soja. Esa norma permite que los productores no tengan que volver a pagar por la semilla que utilizan cuando la vuelven a sembrar.

La industria, en cambio, reclama la actualización de esa norma debido a que considera que no se reconoce la propiedad intelectual de quien realiza una mejora genética en soja o en trigo, los cultivos afectados por esta controversia.
"En 12 años no se hizo nada con este problema y lo estamos solucionando, algunos parece que se sienten más cómodos con el anterior gobierno", dijo Bernaudo a LA NACION.

En el comunicado, ASA expresó que con una ley "sin consensos" se promueve "la inseguridad jurídica, la desinversión y la destrucción de empleos genuinos".

Según fuentes de la industria, en el Ministerio rechazaron las propuestas de cambios que hicieron. En Agroindustria, por el contrario, expresaron que extendieron el plazo previsto dentro de la Comisión Nacional de Semillas (Conase) para escuchar sugerencias y que no recibieron ninguna de las empresas, pero sí de las entidades rurales. En las próximas semanas la norma será enviada al Congreso.