La investigación sobre la denominada "ruta del dinero K" tuvo durante la noche de este domingo una revelación clave. Por medio de miles de transferencias bancarias, 123 empresas y 21 personas ligadas al kirchnerismo pudieron derivar unos 500 millones de dólares desde la Argentina hacia bancos de decenas de países del mundo, desde el extremo Oriente, en China, a las islas Seychelles o Letonia. Todo el entramado bancario y de sociedades fue revelado en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, que también resaltó que toda la información -incluida en listados y documentos- estuvo bajo conocimiento de la ex procuradora del Tesoro del kirchnerismo, Angelina Abbona, quien ahora está acusada por la destrucción y desaparición de computadoras y base de datos.
En la investigación periodística, se mostraron decenas de planillas que certifican gran parte de los movimientos millonarios realizados por el empresario de la obra pública, Lázaro Báez, cuyo patrimonio creció a medida que recibía obras públicas, mientras más se estrechaba su vínculo con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Según Lanata, hay una lista que incluye a 21 personas, 123 empresas y movimientos en el exterior por USD 492.580.000 a través de distintas instituciones financieras internacionales.


Todas las sociedades son administradas por una “empresa madre”: Aldyne
Siete bancos le dieron información -con número de cuentas y montos- a la Justicia de los Estados Unidos, más precisamente de Nevada, que era el lugar donde los abogados de los holdouts fueron a reclamar que se encuentren fondos de origen estatal. Es decir, dinero que podría haber sido desviado con maniobras ilegales y corrupción. En el país – previamente – el fiscal José María Campagnoli investigó este entramado societario.


Todas las sociedades son administradas por una "empresa madre": Aldyne."Presumíamos que el dinero se movía en ese entramado. Ahora la Unidad de Información Financiera pidió la indagatoria de Edgardo Levita y Jorge Galitis, que son los beneficiarios de esta sociedad en Seychelles", agregó Campagnoli. Sobre estas dos personas la Justicia de los EEUU pidió datos. En la lista figuran también Leonardo Fariña y el abogado Jorge Chueco. En su ciclo Periodismo Para Todos, Jorge Lanata insistió con que todos los involucrados, de Báez a Ernesto Clarens tuvieron algún vínculo con Néstor y Cristina Kirchner.


En el programa se mostraron listados y documentos que muestran la ruta del dinero y también los nombres de las personas beneficiarias tanto de las sociedades como de la titularidad de las cuentas. Pero uno de los tramos clave de la investigación de Jorge Lanata es que todos los datos habrían llegado a partir de 2013 a Abbona, a su segundo Horacio Diez y a Federico Thea, uno de los asesores principales que tuvo Axel Kicillof como ministro de Economía. En correos electrónicos entre el estudio de abogados de la Argentina en Nueva York -que intervenían en la causa de los fondos buitres por la deuda en default- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, se alertaba todas las alternativas del reclamo de los holdouts.
Ese buffete tuvo en sus manos información sobre Lázaro Báez, y la entregó al Estado. Para seguir la ruta del entramado bautizado por el programa de Canal 13 como CristiLeaks', los datos del actual procurador del Tesoro son una pista clave. Su antecesora kirchnerista, señalada y acusada ante la Justicia por, supuestamente, haber ocultado documentación estatal. De hecho, ya fue denunciada penalmente por incumplir sus deberes y no presentar información al fiscal Guillermo Marijuán o al juez Sebastián Casanello.


Carlos Balbin, actual procurador del Tesoro Nacional, confirmó que Abbona es investigada por la Justicia y fue imputada tras la denuncia del macrismo. "Faltaban discos rígidos, se hizo la denuncia penal. Intentamos recuperar información. Reconstruimos información vinculada al caso Báez y la entregamos al juez. Es información que proviene de un estudio argentino en el exterior. Se conocieron bienes de Lázaro Báez y de otras personas. La información está alcanzada por una orden de protección. Es importante para avanzar en la causa". Los datos, aseguran, ya los tiene el juez Sebastián Casanello. 
Las declaraciones de Balbín son contundentes: asegura que el Estado guardó la información sobre Báez desde 2013. Y luego ese material desapareció y creen que pudo ser sustraído. Lanata advierte que en los documentos exhibidos figuran casi 500 millones de dólares en transferencias.