Es la primera condena por corrupción con relación a esta obra considerada sinónimo de fraude. El fallo fue dictado por los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino, horas antes de que el caso prescribiera por el paso del tiempo. Se los encontró responsables de fraude porque autorizaron el pago de reembolsos por 17 millones de pesos a la firma Ansaldo, proveedora de la turbinas, al entender que estaban fabricadas con componentes nacionales. Pero la Oficina Anticorrupción, que los denunció y fue querellante en el caso, entendió que no eran suficientes para recibir los reembolsos. Paralelamente al juicio, Ansaldo llegó a un acuerdo y devolvió 31 millones de pesos para seguir haciendo negocios aquí.
 
Pero eso no frenó la causa penal. Los condenados, que no irán a prisión porque el fallo no está firme y será apelado, son el ex subsecretario de Industria Miguel Ángel Cuervo, coautor de defraudación; José Luis Álvarez, apoderado de la firma italiana Ansaldo Energía SA, y el contador Horacio Seligra. En tanto, Luis Manzo, ex jefe del departamento financiero de Yacyretá, fue condenado a tres años y seis meses de prisión, y Eduardo Esteban, ex funcionario de Industria, y Alfredo José Valle, ex director nacional de Industria, recibieron una pena de tres años en suspenso. Otros cuatro acusados fueron absueltos. Para Cuervo, Manzo, Seligra y Álvarez, el Tribunal dispuso la "inmediata captura" una vez que las condenas queden firmes.
 
Además fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Valle y Esteban deberán cumplir sus tres años de condena con tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público, que deberán proponer, durante 12 horas por semana. Los absueltos fueron Martínez Mosquera, ex subsecretario de Industria; Guillermo Llauradó, ex director de Legales de la secretaría, y Alberto Vaena, ex director de Aplicación de Política Industrial, y Norma Fehleisen.
 
Una obra muy polémica
 
La primera sentencia por la represa binacional
    
Acusación
Los condenados son ex funcionarios que autorizaron reembolsos a la empresa que proveyó las turbinas por usar partes nacionales. Pero la OA, que los denunció, entendió que las partes nacionales no eran suficientes para percibir el beneficio
 
Fuente: La Nación