Hace diez días, las entidades del campo comenzaron a negociar de manera reservada entre ellas un borrador con propuestas para presentarle a Monsanto con el fin de poner punto final a la disputa por el pago de regalías en soja. Según pudo saber LA NACION, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina están llevando adelante reuniones para arribar a una propuesta consensuada. Federación Agraria Argentina (FAA) no participa, pero se la está informando de lo actuado y, según fuentes consultadas, podrá hacer sugerencias.

El borrador de propuesta de CRA, Coninagro y la Rural cuenta con tres puntos. Por un lado, proponerle a Monsanto que cese de manera inmediata en el cobro compulsivo a los productores que se les detecte Intacta, su tecnología en soja resistente a insectos, en los puertos.

"Ésa es una decisión de la compañía, pero es lo que pedimos para avanzar", contó una de las fuentes. "Necesitamos solucionar esto porque la cosecha está en marcha", agregó.

Si Monsanto aceptara eso, las entidades a cambio propondrían avanzar en la modificación de la ley de semillas. La ley, vigente desde 1973, se sancionó cuando no existía la biotecnología, herramienta clave de firmas como Monsanto para hacer mejoramiento en semillas con tecnologías como Intacta.

El segundo punto del borrador es que las entidades aceptarían modificaciones sobre un tema clave: hoy la ley permite el uso propio, es decir, que el productor se reserve semilla cosechada y la vuelva sembrar, sin diferenciar escalas de producción. Es decir, sean chicos o grandes, pueden usar toda la semilla propia que deseen para volver a sembrar en la siguiente campaña. Precisamente, el borrador apuntaría a que haya un pago por el uso propio. Todavía no está definida la escala o superficie de corte, pero de prosperar el borrador el pago por el uso propio se haría en la segunda campaña.

Así, el productor pagaría la tecnología en la compra de la semilla en la primera campaña y luego, si hace uso propio, haría otro pago en la siguiente campaña agrícola.

Según los semilleros, hoy sólo 15% de la soja que se siembra, sobre 20 millones de hectáreas, es semilla fiscalizada. El resto es uso propio y mercado informal. Una eventual limitación del uso propio sería bien recibida por la industria.

Finalmente, el tercer punto sería que los pequeños productores no paguen por el uso propio. Sería una forma de dejar contenta a FAA, que lo reclama como bandera. Todavía tampoco se definió a quiénes se consideraría pequeños productores, pero el borrador lo contempla.

A todo esto, en el borrador se propondría a Monsanto que sea el Instituto Nacional de Semillas (Inase) quien actúe en caso de que algún productor infrinja la ley. Sobre el Inase, por estos días el Ministerio de Agroindustria está pidiendo a las entidades que nombren a sus representantes en el directorio, vacío hace diez años. Se cree que desde allí podrá ejercerse el poder de policía, aunque al Inase le faltan recursos. El año pasado ese organismo tenía disponibles sólo 47 inspectores a campo, que dividida la superficie total agrícola (todos los cultivos) daba un inspector cada 600.000 hectáreas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, este borrador todavía no fue presentado formalmente a Monsanto, aunque hay charlas para hacerlo, si finalmente reina el consenso entre las entidades, en los próximos días. Las fuentes del ruralismo aclaran que, como condición, Monsanto deberá dar de baja el cobro compulsivo en los puertos.