Hasta los comicios del 22 de noviembre, cuando fueron renovadas las autoridades de la administración nacionales, el futuro del productor pecuario no era, precisamente, promisorio.

Casi como política de estado desde 2005, cuando las exportaciones cárnicas argentinas alcanzaron la, para nosotros, excepcional perfomance de 760.000 toneladas, igualando los guarismos de 1978, prevaleció definida política intervencionista mediante listas de precios "sugeridos" para la hacienda en los mercados concentradores y se suspendieron los despachos a los mercados del exterior so pretexto de facilitar el consumo interno a precios "razonables". 

Se elevaron además los derechos de exportación, del 5 al 15%; se anuló el reintegro, que era equivalente a 5 puntos porcentuales, y se crearon los registros de operaciones de exportación (ROE) que, otorgados discrecionalmente, dificultaron e incluso anularon compromisos formales con clientes tradicionales.

Además, el atraso cambiario determinó que los precios de los distintos cortes vacunos, particularmente, los denominados premiun, no pudieran competir con los vigentes en nuestros vecinos y socios del Mercosur, a punto tal que se llegó hasta US$ 5,50 por kilo de carne de novillo en gancho, frente a los US$ 2,50 de Brasil; US$ 3,30 de Uruguay, y a los US$ 2,55 de Paraguay. 

En estricto cumplimiento de las promesas electorales, el nuevo Gobierno suprimió los derechos que gravaban las exportaciones; unificó y liberó el mercado cambiario luego de 4 años de "cepo", y el valor del novillo declinó por ello a US$ 3,40 por kilo en gancho.

En este nuevo escenario, es comprensible que sin certezas, haya expectativas generalizadas en el sector de la producción, traducidas, por ejemplo, en la retención de terneras pensando en convertirlas en futuras fábricas de novillos.