El ministro Florencio Randazzo acusó al gremio de conductores de trenes ante la Justicia de violar el artículo 194 del Código Penal. "No voy a tolerar la extorsión de nadie", advirtió hoy Cristina Kirchner al hablar sobre la huelga.
El ministro del Interior y Transporte cumplió con la promesa que hizo ayer durante la conferencia de prensa que brindó por la noche y presentó una denuncia penal hoy contra Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad.
En la presentación, el funcionario insistió en que el paro de trenes, anunciado sorpresivamente poco antes del mediodía de ayer, responde a la negativa de la entidad a permitir que se instalen cámaras de filmación en las cabinas de los motorman para monitorear su desempeño en caso de una eventualidad que amerite evaluar su trabajo.
Descartó, así, que la huelga obedezca a un incumplimiento en el pago del medio aguinaldo, como sostuvieron en La Fraternidad. “Dicha acción de fuerza no tiene fundamento alguno, porque está previsto desde antaño (hace 8 años) que el pago del aguinaldo se efectúe el cuarto día hábil del mes, en el caso concreto el 4 de julio”, explicó en la presentación, a la que accedió Infobae. Y agregó que, efectivamente, hoy se abonó el sueldo anual complementario junto al sueldo, con el 23% de aumento que estaba acordado.
“En consecuencia, resulta manifiesto que esta medida de fuerza ilegitima y/o paro salvaje tiene en realidad otra finalidad encubierta, que es el rechazo a la instalación de cámaras filmadoras en el interior de las cabinas de conducción, concretando en definitiva la amenaza formulada por los integrantes de dicho gremio el día 3 de julio. Esta actitud refleja el desinterés de este Sindicato en que se hagan efectivas las medidas de control que apunten a mejorar la seguridad del servicio público”, señaló.
Tras apuntar que la huelga afectó a aproximadamente 800 mil pasajeros, agregó que “la gravedad de dicha acción de fuerza ilegitima adoptada por el Gremio que conduce Omar Maturano, se vio reflejada también en los destrozos protagonizados por un grupo organizado de personas, que obligaron a reforzar la seguridad policial”.
“La actitud desmedida desplegada por este Sindicato, sin dudas impidió, estorbó y entorpeció el normal funcionamiento del transporte ferroviario, quedando en consecuencia, encuadrado –entre otros- en lo previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación”, denunció. El delito que imputa Randazzo puede ser reprimido con entre tres meses y dos años de prisión.