El gobernador José Manuel de la Sota descartó que su gestión vaya a recibir Cedin –los certificados que como cuasimoneda convertible dará el Banco Central a quienes blanqueen dólares no declarados– como pago de impuestos provinciales.

“No estamos estudiando recibirlos, porque es algo que aún no se sabe qué es. El problema económico del país no son estos bonos, es la inflación. El blanqueo del Gobierno nacional es una injusticia para la mayoría de los argentinos que son cumplidores y tienen sus cuentas en regla”, aseguró ayer el mandatario, en un acto que encabezó en Ciudad de Mis Sueños de la capital provincial.

Por su parte, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, reiteró que el municipio evalúa qué hacer respecto de las tasas municipales. “Lo estamos estudiando y es un tema bastante complicado desde lo administrativo. Veremos cómo se desenvuelven en el mercado”, manifestó.

La posibilidad de que la Provincia y el municipio adhieran o no al blanqueo fue uno de los temas analizados ayer en una muy concurrida jornada de análisis de la ley de blanqueo organizada por la Cámara de Corredores Inmobiliarios (Cacic) que se realizó en el auditorio de La Voz del Interior . Estuvo a cargo de Marcelo Rittatore, Marcelo Santiago y María Laura Garmendia, especialistas del Estudio Luis Fadda y Asociados.

En este sentido, señalaron que la posibilidad de que la Provincia pueda gravar con Ingresos Brutos montos que se exterioricen en el blanqueo de capitales al no adherir a la norma nacional, es muy limitada, aunque es teóricamente posible.

Los tributaristas pusieron foco en puntos controvertidos de la ley y las reglamentaciones, en aspectos relacionados con la adhesión al blanqueo, la posibilidad de aplicación de los instrumentos y la posterior fiscalización, entre otros.

Rittatore explicó que, como la exteriorización de divisas no estará registrada en la Afip con una declaración jurada a la cual puedan acceder la Provincia o el municipio con cruzamiento de datos, para que Rentas pueda detectar una inconsistencia debería fiscalizar al contribuyente o llegar a esto mediante el rastreo de los instrumentos en el circuito de pagos.

En el caso de que esa inconsistencia sea detectada, cada uno debería analizar su actividad particular. Las exportaciones están exentas, el sector agropecuario tiene alícuota cero (si tiene domicilio en la provincia) y la industria está gravada con el 0,5 por ciento. Los más perjudicados serían los comercios y los servicios que pagan 4 o 4,5 por ciento. “Si se compara un eventual riesgo del 0,5, en el caso de una industria, contra el beneficio de no pagar 35 por ciento de Ganancias y 21 por ciento de IVA, igual se gana”, afirma Santiago.

Además, el contribuyente podría aducir (y probar) que los ingresos los obtuvo en períodos ya prescriptos, con lo cual Rentas no podría cobrarlos.

Una cuestión que despertó gran interés de los inmobiliarios fue la posibilidad de blanquear bienes existentes al 30 de abril de 2013. Así, si alguien tiene un inmueble (de cualquier tipo) con boleto pero aún no lo había escriturado ni incorporado en sus declaraciones juradas, ahora podrá venderlo, obtener los dólares y presentar estas divisas en el régimen de exteriorización. Luego recibiría los Cedin y volvería a comprar un inmueble. “Lo que hay que tener en cuenta aquí es que esos bienes no tienen que estar declarados, ni siquiera en parte, ni siquiera subvaluados”, dijo.

Esperar a fin de mes. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Roberto Arévalo, estimó ayer que “recién a fines de julio” se podrá verificar la evolución del uso de los Cedin en las transacciones inmobiliarias y su contribución a la reactivación del sector.

Fuente: LaVoz