Por entonces, una apelación se lo impidió, pero el conflicto, ahora, sería resuelto por la Cámara Federal Civil y Comercial.

En forma sorpresiva, el juez Iván Garbarino -nombrado por la Presidenta como juez subrogante en 2013- levantó una cautelar que le impedía al Estado tomar el terreno y que, incluso, había sido confirmada por la Corte Suprema. Sin embargo, cuando la entidad agropecuaria apeló, el magistrado aceptó que su propia resolución quedara en suspenso hasta que se resolviera la apelación.

La SRA ocupa el predio de Palermo desde 1878. El terreno era propiedad del Estado, que le cedió su uso a la entidad. En 1991, como parte de la política de privatizaciones, el entonces presidente Carlos Menem le vendió a SRA el terreno, que ya se pagó casi en su totalidad.

En 2001, sin embargo, quedó un saldo impago y la renegociación marchaba sobre rieles hasta que la relación se rompió en 2008, cuando estalló la crisis entre el campo y el Gobierno. Por eso, a fines de diciembre de 2012, Cristina Kirchner dictó el decreto 2552/12, con el cual dejó sin efecto la compraventa del terreno, hecha por la SRA. Desde un primer momento, tanto la Presidenta como sus ministros y las organizaciones sociales afines al kirchnerismo citaron ese decreto como un supuesto hito en la lucha contra las corporaciones y, también, reclamaron a la Justicia una rápida resolución del caso.

Se abrieron dos causas, una civil y otra penal, contra los ex directores de la SRA que habían intervenido en aquella compraventa. La SRA, patrocinada por el Estudio Cassagne, desde un primer momento logró frenar la aplicación de aquel decreto presidencial, con un fallo de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal.

Incluso en agosto de 2013 la Corte Suprema, que preside Ricardo Lorenzetti, confirmó una medida cautelar que beneficia a la SRA, porque la procuradora general del Tesoro, Angelina Abonna, había dejado vencer el plazo para apelar.

Como consecuencia de aquella situación, la Justicia entendió que mientras se prolongara el juicio la SRA no podía ser desalojada del predio de Palermo. Sin embargo, Abonna volvió ahora a la carga con otro escrito y el juez Garbarino le dio la razón.

Garbarino argumentó que los ex directores de la SRA que intervinieron en aquella operación inmobiliaria están procesados en sede penal. Si bien un procesamiento no equivale a una condena, al juez le pareció suficiente para permitirle al Estado avanzar sobre el predio.

Además, el magistrado sostuvo que la nueva ley de medidas cautelares no permiten que éstas duren más de seis meses.

En su apelación, la SRA recordó que un decreto de la Presidenta, por sí mismo, no alcanza para declarar nula aquella compraventa. Y, por eso, volvió a sostener que debe mantenerse la cautelar mientras se tramita el juicio civil donde se discute ese asunto.. (La Nación)