La medida, adelantada por fuentes oficiales, buscaría determinar que sólo se pueda cobrar ese derecho en la compra de la semilla, no sobre el grano producido. Monsanto, que lanzó su nueva soja Intacta, resistente a insectos, firmó convenios con productores que se comprometieron a pagarle un canon por esa tecnología. El sistema empezó con los productores del Norte. Un 70% lo hizo de manera anticipada y el 30% restante eligió pagar en el momento de la entrega del grano.

Para controlar esta etapa, la empresa logró que se haga un análisis en acopios y puertos si la soja que llega tiene la tecnología. En este contexto, proliferaron contratos donde los productores deben firmar si aceptan una cláusula para la realización de ese análisis, algo rechazado por la Mesa de Enlace.

"Con el decreto se diría que sólo puede haber un pago en la semilla", indicó la fuente oficial al matutino La Nación. Según la fuente, con el DNU todos los convenios por la controvertida cláusula "devendrían en abstractos". El DNU sería una victoria para las entidades. Sin embargo, como Agricultura no quiere hacer una guerra con Monsanto por este tema, también buscará darle la razón con otro aspecto: el control de la bolsa blanca, semilla que se comercializa de manera ilegal.

En Agricultura creen que no es conveniente "demonizar" a Monsanto porque pretenden que haya más inversiones de la industria de semillas en biotecnología. Para controlar a la bolsa blanca, el Ministerio de Agricultura girará más recursos al Instituto Nacional de Semillas (Inase), órgano oficial de fiscalización de las semillas, que realizará más acciones de control.

Además, comenzará a funcionar un registro de usuarios de semillas para uso propio, modalidad por la cual el productor se guarda parte de la cosecha para volver a usar como semilla en la campaña siguiente. Esta práctica está permitida por la ley, pero no está regulado cuánta semilla se puede reservar de la cosecha.

Agricultura no prevé limitar el uso propio, pero quiere ver cómo evoluciona lo que declara de uso propio un productor. El objetivo es evitar que haya comercialización ilegal. Hace unos días, el Ministerio de Agricultura anunció que el Inase se presentará ante la Justicia para que defina si puede intervenir sobre eventos biotecnológicos, ya que la ley actual, de 1973, se dictó cuando no había biotecnología, y así resolver sobre la disputa desatada entre Monsanto y las entidades del agro.

En Agricultura comenzaron a observar en los últimos días que una eventual respuesta por parte de la Justicia podría estirarse más allá de cuando concluya su mandato el Gobierno. Por eso activó la opción del DNU. Mientras tanto, ante una consulta del matutino en cuestión, en Monsanto declinaron opinar sobre la presentación judicial oficial que trascendió.