La comisión de abogados en derecho indígena del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dio a conocer ayer su oposición a que los derechos de los pueblos originarios sean incluidos en el nuevo Código Civil que se votará en los próximos meses en el Congreso de la Nación.
 
Concretamente se oponen a que las comunidades indígenas del país queden encuadradas en el derecho privado, por considerar que pertenecen a la órbita del derecho público, en su carácter de pueblos preexistentes a la conformación del Estado argentino, tal como fue consagrado en la Constitución Nacional, según precisó Sandra Ceballos, representante de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, una de las nueve organizaciones que participaron de la presentación que se realizó ayer en el Colegio Público de Abogados de la Capital. Actualmente, en el país existen unos 30 pueblos originarios, con unos 955.032 miembros o descendientes, según datos del último censo. Según Ceballos, además de haber participado en las audiencias públicas, reclaman que exista una consulta directa a las distintas comunidades.