El Gobierno quiere intervenir en los arrendamientos agrícolas para evitar la gran cantidad de contratos que se realizan a sólo una campaña de plazo.

Según diversas estimaciones, en la actualidad el 70% de la producción se realiza sobre campos alquilados. Se trata de casi 24 millones de hectáreas.

De acuerdo con la ley 13.246, de 1948, el plazo de los contratos debe tener un mínimo de tres años. Así lo establece su artículo cuarto. No obstante, el artículo 39° dice que quedan excluidos de las disposiciones de la ley los contratos que tengan un carácter accidental, a un año de plazo. Esto puede ser con una cosecha o dos, pero siempre dentro del año agrícola. La norma establece que si hay renovación entre las partes ese contrato accidental pasará a estar bajo las generales de la ley, es decir, un plazo mínimo de tres años.

"Veo un exceso de los contratos accidentales. Algo que es excepcional se hizo una regla y eso no es bueno para la planificación", expresó el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, en una reunión que convocó ayer a diferentes actores de la producción, según pudo reconstruir LA NACION de diversas fuentes que participaron del encuentro. Estuvieron representantes de Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro, Aacrea y Aapresid.

El funcionario dejó entrever que Agricultura quiere actuar para que haya una rotación equilibrada de los cultivos. Hoy el 60% de la siembra es soja, básicamente con contratos accidentales en los que el inquilino puede entrar y salir según como le vaya en la campaña.

"Sé que tienen diferencias con nosotros y también las tienen entre ustedes, pero queremos hablar de esto", remarcó Delgado, según la misma fuente.

Otro de los presentes indicó que, si bien el funcionario no mostró todas las cartas, ya que hará otro encuentro dentro de 15 o 20 días, dejó en claro que no quiere que se repita el cuadro actual en materia de alquileres agrícolas.

"Hoy [por ayer] no nos mostró todas las cartas, pero creemos que está trabajando sobre la misma ley o una norma para limitar estos contratos", agregó otra fuente de la producción consultada.

El Gobierno buscaría que la excepcionalidad de los contratos accidentales quede limitada a determinadas situaciones, como una crisis económica para un productor -una sequía, por ejemplo-, que lo obliguen al contrato de un año de plazo.

Como los datos sobre la superficie que se siembra en alquiler varían según la fuente, Agricultura, en conjunto con la AFIP, realizará un relevamiento para determinar cuál es realmente el porcentaje que representa la producción en campos alquilados sobre el total del país. La AFIP tiene un registro de los contratos de los productores que operan bajo esta modalidad.

Con la irrupción de los pools de siembra hubo una dura disputa por el precio de los alquileres. En varias zonas, muchos productores quedaron fuera de competencia porque no podían igualar el valor de esos grupos. Sin embargo, el cierre de algunas de estas megaempresas y su retirada de cientos de miles de hectáreas en los últimos años quitaron presión al mercado.

En el encuentro de ayer, algunos dijeron que el problema no pasaba por la ley vigente, sino por la política del Gobierno hacia el sector, que al trabar las exportaciones de trigo y maíz desincentiva la producción y la rotación con esos cultivos.

"Algunos le planteamos que el problema no es la ley, sino el contexto político y económico que te lleva a hacer soja sobre soja. Después de una soja podés hacer trigo, pero ¿a quién se lo vendés en el contexto actual?", graficaron en otra entidad.

En el Norte, con el bajo precio actual del maíz y el costo del flete, se dificulta sembrar el cereal. El maíz vale de $ 900 a $ 1000. Descontados 600 pesos de flete, al productor le quedan unos 300 pesos.

Entre las entidades del campo, Federación Agraria tiene un proyecto de ley para que el plazo de los contratos no sea inferior a cinco años. Además, promueve incentivos para que se alquile a pequeños productores. (La Nación)