El clima político brasileño está cada vez más enrarecido. Al escándalo de corrupción en Petrobras, la deprimida economía y los choques entre los partidos de la coalición gobernante se les acaba de sumaruna ola de "cacerolazos" en contra del ajuste que impulsa Dilma Rousseff, mientras diversos sectores en todo el país preparan marchas para el próximo domingo para promover el juicio político contra la presidenta.

Anteanoche, a través de un discurso en cadena nacional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Dilma pretendía llevar un poco de calma a la población, a la que le pidió paciencia para atravesar la cada vez más complicada coyuntura económica, y prometió una "investigación amplia, libre y rigurosa" sobre el esquema de sobornos dentro de la petrolera estatal, ahora bajo la órbita del Supremo Tribunal Federal. El tiro le salió por la culata.

Cuando la presidenta comenzó a hablar, miles de personas salieron a los balcones de sus departamentos a golpear cacerolas y abuchearla, mientras en las calles se escuchaban bocinazos y gritos como "¡Fuera Dilma!" y "¡Fuera el PT!", en alusión al oficialista Partido de los Trabajadores. Los aires de protesta, multiplicados por las redes sociales, se extendieron rápidamente por las principales ciudades: San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belém, Goiania, Maceió, Vitória.

Sorprendido por la reacción de la gente, y temeroso de que este brote de rechazo pueda agrandar las manifestaciones convocadas para el domingo por el "impeachment" de la presidenta, o retornar al país a un ambiente de movilización semejante al de las protestas de 2013 contra los gastos para la organización del Mundial de Fútbol, el gobierno pasó a la ofensiva y buscó mostrarse fuerte y legítimo.

"No es posible que en Brasil no se acepten las reglas del juego democrático. La elección acabó; hubo una primera y segunda vuelta. No puede haber una tercera vuelta para nadie, a no ser que se quiera una ruptura democrática. Si se quiere un quiebre democrático, creo que la sociedad brasileña no lo aceptará, creo que maduramos lo suficiente para eso", advirtió Dilma luego de defender el derecho a manifestarse.

Por su parte, el PT apuntó que los "cacerolazos" sólo tuvieron lugar en los barrios más pudientes de las ciudades, y acusaron a los partidos de la oposición de haber "financiado" las quejas. "Existe una organización con sesgo golpista que se origina en los sectores de la burguesía y en la clase media alta", dijo el vicepresidente del PT, Alberto Cantalice.

No lo nombró, pero se refería en especial al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato presidencial, Aécio Neves, perdió las elecciones de octubre último por el menor margen en la historia de Brasil. Neves criticó de inmediato las acusaciones.

"Las manifestaciones en las redes sociales y en las calles no defienden una tercera vuelta. Son manifestaciones espontáneas y democráticas. Queremos un país en el que todos tengan el derecho a expresar su opinión", retrucó Neves, cuya fuerza no está públicamente organizando las marchas del próximo domingo, sino que están siendo impulsadas por diversos partidos menores y grupos de ciudadanos.

La polarización política no hizo más que profundizar las dudas del mercado financiero por el programa de recortes fiscales que intenta poner en marcha el gobierno a través de su nuevo ministro de Economía, Joaquim Levy.

EN BAJA

Ayer, el real agudizó su depreciación frente al dólar, para terminar el día con una pérdida de más del 2% y una cotización de 3,12 reales por unidad de la moneda estadounidense. En tanto, la Bolsa de San Pablo cayó un 1,6%, presionada por las acciones de Petrobras.

La compañía petrolera está en el ojo de la tormenta por la red de sobornos que cobraban directivos de estatal a empresas constructoras para repartir entre ellas las licitaciones de obras.

Ya hay tres directivos de Petrobras y 36 otros empresarios detenidos por el caso, y el viernes pasado el Supremo Tribunal Federal aceptó el pedido de la Procuraduría General de la República para investigar a 47 políticos que se habrían beneficiado de las coimas y desvíos de dinero, casi todos miembros del PT y su base aliada, lo que ha generado fuertes cimbronazos en la coalición gobernante.