De convertirse en ley el proyecto del oficialismo, el Consejo de la Magistratura quedará facultado para nuevas atribuciones como la administración del Poder Judicial; fijar la política salarial; manejar el presupuesto y decidir sobre el personal judicial.

Frente a este escenario, que podría concretarse debido al rápido tratamiento que le está dando el oficialismo a los textos de ley sin introducir ningún cambio, los ministros de la Corte Suprema “están preocupados porque sospechan que las reformas que pretende introducir el Gobierno en la Magistratura apuntan directamente a vaciar de poder al máximo tribunal”.

El grado de inquietud es tan profundo que ayer la Corte celebró una reunión por fuera de su agenda habitual -en general los jueces se reúnen los martes- para analizar el impacto que tendrán todos los proyectos de reforma judicial, aunque en particular se focalizó sobre las enmiendas al Consejo de la Magistratura.

Debatieron durante una hora y todos coincidieron en el análisis que hacen de los proyectos de reforma judicial enviados por la presidente Cristina Kirchner al Congreso, afirmó el matutino, aunque ninguno de los jueces se pronunció públicamente al respecto, y tampoco lo harán, según anticipó el martes el presidente de la Corte.