Dilma Rousseff le llegó la hora de la verdad. Al asumir ayer su segundo mandato, la presidenta de Brasil reconoció que será necesario un fuerte ajuste para reactivar la desacelerada economía del gigante sudamericano.

Consciente del impacto que el anuncio tendría entre sus votantes, Dilma se preocupó por aclarar que las medidas no afectarán los programas sociales establecidos durante los 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

"Más que nadie sé que Brasil necesita volver a crecer. Los primeros pasos de este camino pasan por un ajuste en las cuentas públicas, un aumento del ahorro interno, la ampliación de las inversiones y el aumento de la productividad. Haremos eso con el menor sacrificio posible para la población, en especial para los más necesitados", afirmó ayer en Brasilia, ante el Congreso, tras jurar el cargo que ocupará hasta 2018.

Aunque durante la campaña para las elecciones de octubre Dilma había rechazado con vehemencia los "cambios drásticos" en la economía que proponía su rival socialdemócrata Aécio Neves -al que venció con una diferencia de apenas tres puntos, el resultado más ajustado en la historia brasileña-, ayer la abanderada del Partido de los Trabajadores (PT) se sinceró frente al país y marcó el rumbo del difícil camino que tiene por delante en los próximos cuatro años.

Su primer mandato terminó con una expansión del PBI estimada en 0,2%, luego de un año en el que la economía entró en recesión técnica tras dos trimestres seguidos de crecimiento negativo; la inflación alcanzó el 6,5%, el techo de la meta establecida por el gobierno, y la principal empresa del país, la estatal Petrobras, cayó a su valor más bajo en una década debido al escándalo de corrupción que se investiga y cuyas consecuencias políticas marcarán este año.

"Los cambios que el país espera para los próximos cuatro años dependen de la estabilidad y de la credibilidad de la economía", destacó durante su mensaje, en un pasaje que parecía replicar palabras del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que puso en marcha el Plan Real, que dio firmeza a la economía de Brasil.

Como es tradicional, la jefa del Estado había llegado en un Rolls-Royce, acompañada por su hija Paula. En el trayecto desde la Catedral, saludó a la poca gente que se acercó a la Explanada de los Ministerios, en su mayoría militantes del PT movilizados por el partido, que ondeaban banderas rojas y coreaban "Olé, olé, olá, Dilma, Dilma".

Ya después de la ceremonia en el Congreso, desde el "parlatorio" del Palacio del Planalto, Dilma volvió a pronunciar un discurso, más emotivo, dirigido "al pueblo", en el que reiteró el compromiso social heredado de su mentor político, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2002-2010), presente a sus espaldas junto a otros invitados.

"Sí, vamos a hacer ajustes en la economía, pero eso sin revocar derechos conquistados o traicionar nuestros compromisos sociales. Fui reelecta para continuar cambiando Brasil y para hacer los cambios que ustedes desean. Y prometo: haré los cambios. Pero para lograr avanzar necesito, más que nunca, de su apoyo y comprensión. Hoy, después de 12 años de gobierno popular y de grandes transformaciones, el pueblo tiene el derecho de decir, como una orientación para mi nuevo mandato: ningún derecho menos, ningún paso atrás; sólo más derechos y sólo el camino por delante. Ese es mi compromiso sagrado delante de ustedes", dijo.

En ningún momento dio detalles de las medidas que tomará para corregir el rumbo económico. Esa tarea le corresponderá a partir de la próxima semana al nuevo ministro de Economía, Joaquim Levy, un reconocido banquero que por su apego a la disciplina fiscal y los recortes de gastos innecesarios es apodado "Manos de Tijeras". Su designación recibió críticas de los sectores más izquierdistas del PT.

Dilma aprovechó sus dos discursos del día para tratar el gran tema del momento: la investigación judicial dentro de Petrobras, por la red de corrupción instalada en la compañía, a través de la cual grandes empresas pagaban sobornos a directivos y políticos del PT y sus aliados para garantizarse contratos con la petrolera estatal. Por la trama, que se estima en los últimos diez años movilizó unos 4000 millones de dólares, ya están procesados 39 ex directores de Petrobras y ejecutivos de las principales constructoras brasileñas. En febrero se conocerían los nombres de los políticos involucrados, lo que podría dañar seriamente al gobierno.

"Vamos a defender a Petrobras de sus depredadores internos y sus enemigos externos. No podemos permitir que sea blanco de un cerco especulativo. Vamos a investigar con rigor todo lo que hubo errado y crear mecanismos que eviten que hechos como esos vuelvan a ocurrir", dijo la presidenta, pese a que durante la campaña también había minimizado la extensión del escándalo.

Ahora sostuvo que propondrá un "pacto nacional contra la corrupción" que implique a los principales grupos de poder, tanto en el sector público como privado, ya que los brasileños quieren -indicó- más transparencia y la seguridad de que la justicia alcance a todos de igual forma.

Al finalizar los actos de ayer, Dilma ofreció un cóctel en el Palacio de Itamaraty, al que asistieron 14 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los presidentes de Uruguay, Paraguay, Venezuela y Bolivia, todos miembros del Mercosur, por lo que la ausencia de Cristina Kirchner se hizo más notoria, pese a que en representación del país estuvo el vicepresidente Amado Boudou (ver página 6).

"Brasil es el mayor país y el más influyente de América latina. Su destino nos importa a todos. Pero no es tan grande ante el mundo, por eso tenemos que tratar de andar lo más juntos que podamos", señaló antes de llegar a la recepción el saliente presidente uruguayo José Mujica, en uno de sus clásicos comentarios que generan revuelo.

|La Nación