Michelle Bachelet efectuó ayer el anuncio más esperado de fin de año. A las 11, con transmisión en directo de la mayoría de los medios desde La Moneda, la presidenta chilena firmó el proyecto de reforma laboral que el Congreso debe comenzar a discutir el próximo 5 de enero y que tiene como eje modernizar las relaciones laborales en las empresas.

"Hoy estamos saldando una deuda que teníamos con los trabajadores de Chile. La agenda laboral del gobierno tiene un solo norte: que los chilenos y chilenas puedan acceder a un trabajo de mejor calidad", dijo Bachelet, aludiendo a que la actual ley laboral tiene 25 años. Al finalizar, intuyendo que pese a la discusión previa iban a surgir críticas, pidió "informarse, no llamar a prejuicio" para las medidas anunciadas.

El proyecto incluye la ampliación de la cobertura en la negociación colectiva; el reconocimiento de la titularidad sindical (si se quieren extender los beneficios de la negociación a personas no sindicalizadas, habrá que hacerlo con anuencia del sindicato); el equilibrio en caso de huelga (que exista el derecho a huelga, pero también que se procuren servicios mínimos); la ampliación de horario sindical para capacitación y formación, y el fortalecimiento de derechos de la mujer trabajadora.

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la multisindical más grande de Chile, afirmó: "Estamos dando un tremendo paso para avanzar en justicia social. Esperamos dos décadas por recuperar el derecho a huelga, sin reemplazos, pero la tarea aún no termina", matizó.

En el mismo Salón Montt-Varas estaba Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). "Estamos acá porque nos invitó la presidenta y es un acto republicano, pero no quiere decir que no tengamos discrepancias", dijo, y argumentó que "el proyecto no va por el camino correcto".

Desde la oposición, los parlamentarios de Amplitud, la UDI y Renovación Nacional criticaron con fuerza la reforma.