Pese a la situación crítica por la que atraviesa el sector eléctrico, el Gobierno puso en marcha un plan para que no haya aumentos de tarifas el año próximo. Espera sofocar así el intento de algunas provincias, que anunciaron en las últimas semanas ajustes en las boletas de luz a partir del mes próximo.

Anteayer, el coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, inició una ronda de llamadas telefónicas por orden de su jefe, Julio De Vido. Se comunicó con funcionarios provinciales para pedirles que renovaran su adhesión al programa de convergencia de tarifas eléctricas, que el Gobierno lanzó el año pasado con el objetivo de planchar los precios. A cambio, se comprometió a financiar obras millonarias. Casi de inmediato obtuvo la aprobación de cuatro provincias, aunque la mayoría duda de que esas obras se vayan a hacer.

Anteayer, el gobernador Gildo Insfrán (Formosa) firmó el acuerdo con De Vido. Y ya anunciaron su adhesión Daniel Peralta (Santa Cruz), Eduardo Fellner (Jujuy), Jorge Sapag (Neuquén) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), según explicaron en Planificación a LA NACION.

La mayoría de las provincias, sin embargo, no están cómodas con la propuesta del Ministerio. Ocurre que las transferencias de recursos que prometió el Gobierno para obras fueron más lentas de lo que esperaban los encargados de gestionar el funcionamiento del sistema, por lo que el llamado de Baratta fue una mala noticia.

FIGURITAS DIFÍCILES

Ahora, el Ministerio irá por los peces gordos, como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Los asesores de Daniel Scioli no quieren ponerle su nombre al convenio que les propone Planificación. Su deseo, sin embargo, no garantiza que no lo hagan. De hecho, tampoco tenían la intención de hacerlo el año pasado, pero por una decisión política aceptaron.

Es posible que Buenos Aires acepte la propuesta de De Vido, aunque le pondrá condiciones, como que la Nación se haga cargo no sólo de obras, sino también de una parte de los sueldos de las empresas (las principales son EDEN, EDES y Edelap). También, que haya mecanismos para acelerar la transferencia de recursos. Los hombres de Scioli tienen motivos para eso: hasta hace algunas semanas, Buenos Aires había recibido sólo el 20% de los 600 millones de pesos que debía transferirle el Estado nacional en una primera etapa. Ambos lados del escritorio se reunirán a principios de la semana próxima.

Santa Fe también le mostró los dientes al Gobierno. Hace dos semanas anunció un aumento de 27% a partir de enero para la Empresa Provincial de Energía (EPE), que se notará en las facturas que vencen en marzo. De paso, el gobernador Antonio Bonfatti recordó que Planificación no cumplió con las transferencias que había prometido para 2014.

Planificación reconoció que puede haber demoras por diversos motivos. En primer término, debido a que las provincias deben armar proyectos de infraestructura con objetivos claros y presentarlos al Ministerio para obtener el financiamiento. "Hay que ver si todos se movieron para conseguirlo", cuestionó un colaborador de De Vido. También habló de dilaciones "puntuales".

Otras provincias también anunciaron aumentos para el año próximo, que el Gobierno intentará frenar. Entre Ríos tiene previsto aumentar 20% sus tarifas a partir de enero. La puntana Edesal pidió un aumento de 30%. También lo hicieron la cordobesa EPEC y la tucumana EDET.

Para las provincias, atender al pedido del Gobierno no es una opción sencilla. Pese a los aumentos de los últimos años, las distribuidoras (son el último eslabón de la cadena eléctrica) están en una situación económica precaria, a tal punto que la mayoría acumula deudas cada vez mayores con Cammesa, la empresa mixta encargada de administrar el mercado, que les provee la energía y está bajo la conducción de funcionarios que responden al ministro de Economía, Axel Kicillof.

Los números son exorbitantes. Por ejemplo, hasta fines de noviembre EPEC debía 2800 millones de pesos; Edelap, $ 660 millones, y Secheep (Chaco), $ 320 millones. Todas muy por debajo de Edenor y de Edesur, que tienen un rojo con Cammesa de $ 6250 millones y $ 5700 millones en cada caso.

Las distribuidoras metropolitanas tienen un mal mayor: pese a que tienen tarifas congeladas desde hace años, el Gobierno no dio pistas de querer mejorarles sus ingresos en el corto plazo. Sus números traducen esa situación. Edesur perdió 2019 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, mientras que Edenor anotó un rojo de 1443 millones de pesos en el mismo período.

En sus orígenes, el denominado plan de convergencia tarifaria era muy ambicioso. Entre sus objetivos incluía, por ejemplo, que las provincias y el Gobierno trabajaran en conjunto para estudiar alternativas que permitan reducir los subsidios al sector eléctrico. Cammesa, por ejemplo, es la mayor beneficiada con las transferencias del Estado, seguida por Enarsa. Entre ambas, sumaron más de 137.000 millones de pesos en aportes del fisco. Sin embargo, no hubo anuncios con respecto a avances en alternativas para reducir los subsidios.

Por Pablo Fernández Blanco  | LA NACION