Tras la presión ejercida desde distintos sectores de la economía cordobesa y, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, por los ciudadanos de a pie, el gobierno de José Manuel de la Sota dará marcha atrás con la suba de entre el 50 y 67% de la tasa vial a los combustibles que estaba contemplada para el año próximo en el paquete económico de la Ley de Presupuesto y leyes tributarias e impositivas 2015. 

La decisión fue publicada ayer por el diario Comercio y Justicia y confirmada a LA MAÑANA por el titular del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Sergio Busso. El legislador dijo que el oficialismo “revisará” las alícuotas de la tasa vial, pero no especificó de cuánto será la rebaja ni a qué combustibles se aplicará. “Todas las imposiciones (incluidas en la ley Impositiva) fueron acordadas con las respetivas cámaras, en el tema de la tasa vial no se pudo convocar a todos los sectores, y por eso ahora vamos a intentar salvarlo, morigerando sin desnaturalizar el sentido que tiene”, señaló Busso. “Tenemos 5.000 kilómetros de rutas provinciales para mantener, no nos sirve un fondo de 100 o 500 millones de pesos”, agregó. En el proyecto presupuestario que se está analizando en comisión, la Provincia estipuló un ingreso anual de $ 1.070 millones en concepto de tasa vial. Según Busso, las alícuotas, respecto al año pasado, no podrían subir menos del 40% de inflación que calculan consultores privados para el 2014.

El próximo miércoles 26 la tasa vial (entre otros temas) será tratada en la comisión de Economía de la Legislatura que preside el schiarettista Ricardo Sosa (UPC), con la presencia de funcionarios del Ministerio de Infraestructura de la Provincia. Ese mismo día el paquete presupuestario recibiría sanción en primera lectura. La primera semana de diciembre se realizará la audiencia pública obligatoria antes de la segunda lectura, y allí se espera la participación de las cámaras empresariales y sectores de la producción que se sienten afectados por el impacto de la tasa vial, y probablemente de otros impuestos. 
 
La decisión del gobernador de revisar a la baja las alícuotas de la tasa vial no surgió motu proprio, sino que es una reacción a la fuerte presión social y empresarial ejercida desde que se conoció el aumento previsto. Además de Busso, el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, también confirmó el retoque. «Somos un gobierno dialoguista», afirmó, atento al hecho de que un candidato a presidente, como es De la Sota, no puede darse el lujo de estar en los diarios por un tema como este.

La reacción fue variada. La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) envió el miércoles una carta al mandatario  solicitando que deje sin efecto el incremento a la tributo que grava el gasoil, naftas y GNC. El titular de la entidad que nuclea a los comercios de la provincia, Rubén Martos, señaló a este diario que la carta fue refrendada por comerciantes de distintos rubros y que en ella se le advierte al Gobierno provincial que el incremento de entre el 50 y 67% tendría un fuerte impacto en la actividad, sobre todo en zonas turísticas.

En tanto, la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac), la Federación Agraria Argentina filial Córdoba, la Cámara de Transportistas de la Provincia y el Sindicato de Petroleros expresaron ayer su preocupación por la suba del impuesto provincial a los combustibles y reclamaron a la Provincia que revea las alícuotas previstas para 2015. “La Provincia se queda con el 23% de cada litro de combustible”, dijo a este diario Raúl Castellanos, titular de la Fecac, quien calificó de “exagerada” el incremento pautado. 

“Los combustibles subieron el 34% interanual, y la inflación está según los diferentes cálculos en el 30, 38 o 40%. No sabemos de dónde salieron esas alícuotas, salvo del hecho de que el Gobierno necesitaba recaudar determinada cantidad de plata con la tasa vial”, reprochó.

Castellanos subrayó que la tasa vial “preocupa porque afecta la competitividad” de Córdoba. En relación al negocio de la venta de combustibles, el dirigente empresarial que fue legislador de Luis Juez, afirmó que el sector perdió el 17% en dos años (desde que rige la tasa vial) y que en las zonas limítrofes con otras provincias, la pérdida llega al 35%.

“No se puede soportar esta alícuota. Nosotros estamos conceptualmente en contra de la tasa vial, pero si el Gobierno la va a sostener, al menos que tenga una tasa razonable”, finalizó.

Guillermo Borelli, titular del gremio de los Petroleros, resaltó el cierre de estaciones de servicio, mientras que desde los tranportistas aseguraron que se están contratando servicios en provincias donde no rige la tasa vial, que fue calificada de «ilegal» por el Gobierno nacional, ya que se superpone con el impuesto nacional a los combustibles, que es coparticipable.