Horas después del peor atentado desde la restauración de la democracia en Chile, las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet informaron que las líneas de investigación apuntan a tres sospechosos que fueron captados por las cámaras de seguridad de la estación subterránea y que estarían vinculados con grupos anarquistas no identificados.

La presidenta socialista dijo que no le temblará la mano al momento de aplicar la ley sobre los responsables del ataque con una bomba casera que dejó 14 heridos en la tarde de anteayer. Además, ordenó un fuerte dispositivo de seguridad en torno del sistema de transporte público.

El fiscal Christian Toledo informó ayer que las últimas pesquisas realizadas en la estación Escuela Militar del barrio Las Condes revelan la presunta participación de por lo menos tres individuos.

"Estamos en la línea de investigación sobre organizaciones anarquistas que no tienen una estructura orgánica que permita un seguimiento que determine con mayor precisión y rapidez quiénes están detrás de estos atentados'', dijo el fiscal nacional subrogante Alberto Ayala.

Ante las voces críticas que recriminan la falta de resultados tanto en este como en hechos anteriores, el funcionario dijo: "Si se analiza la complejidad del tipo de delitos, no podemos hablar de fracaso. Los datos de la investigación no están absolutamente disponibles. Son momentos difíciles y se trata de delitos muy difíciles de investigar''.

Funcionarios de la fiscalía dijeron que se requiere con urgencia fortalecer su dotación para contar con equipos de investigación y análisis criminal que permitan sustentar procesos exitosos, especialmente en aquellos delitos que causan conmoción social.

Desde enero pasado se registraron cerca de 30 bombas, algunas fueron desactivadas, pero el ataque de anteayer rompió todos los moldes: fue puesta a plena luz del día, en un lugar lleno de público, a metros de una de las más grandes estaciones del subterráneo rodeada por una serie de galerías comerciales y dejó heridos.

Los investigadores revelaron que las tres bombas más recientes tienen dos cosas en común: un extintor con pólvora y un reloj temporizador. Las pocas veces que han aparecido volantes en el lugar de los ataques, los firman presuntos grupos anarquistas.

Los actos terroristas siguen la línea del transporte público, conformada por el subterráneo y los ómnibus del sistema Transantiago, que a diario mueven unos cinco millones de personas.

PRESENCIA POLICIAL

En las calles de Santiago se observó ayer una mayor presencia de policías, y el sistema de subterráneo inhabilitó los basureros en sus estaciones como medida preventiva. Todas las estaciones del subte, más de un centenar, amanecieron custodiadas por un refuerzo policial de 500 efectivos en sus ingresos y salidas, y en las estaciones fueron clausurados con bolsas de plástico negras los basureros y otros fueron sacados, para evitar que sean usados de nuevo como contenedores de bombas.

Rodeada por sus asesores de seguridad, Bachelet dijo que no le temblará la mano para castigar a los culpables del atentado, perpetrado en una semana usualmente sensible por la conmemoración del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende, en 1973.

"Vamos a aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. No nos va a temblar la mano frente a acciones como ésta", dijo Bachelet, que había calificado de "abominable" el atentado.

"No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de la gran mayoría de los hombres y mujeres que quieren para ellos y para su familia un país seguro, próspero, solidario y en paz", agregó Bachelet, y añadió que se modificará la ley antiterrorista para otorgar más herramientas de investigación a los fiscales. Esa ley, sancionada durante la dictadura militar (1973-1990) liderada por Augusto Pinochet, amplía los tiempos de detención, permite testigos secretos e interferir comunicaciones, y contempla elevadas penas.

El 13 de julio un atentado similar destruyó un vagón en la estación Los Dominicos. En esa oportunidad, la máquina se encontraba sin pasajeros, lo que evitó que alguna persona resultara herida. Por ese acto, el gobierno presentó la primera de las querellas por delito terrorista. (Agencias)