El gobierno socialista de esta ciudad ya tiene un primer dato empírico de la influencia del desembarco de 2000 efectivos de las fuerzas de seguridad federales en busca de poner freno a la violencia atravesada por luchas territoriales muchas veces vinculadas al narcomenudeo: en mayo bajó a la mitad la cifra de heridos con armas de fuego atendidos en los hospitales locales.

Es un claro cambio de tendencia, comparado con los 120 homicidios del primer cuatrimestre. Un 40% de estos crímenes, según el fiscal regional Jorge Baclini, tiene que ver con la principal economía delictiva, que es la venta de drogas .

La intendenta Mónica Fein puntualizó -en diálogo con LA NACION- que desde hace un tiempo había un promedio de 4,9 heridos de bala por día en los hospitales públicos. "El promedio ahora es de 2,1 por día, lo cual significa una baja sensible de los heridos con armas de fuego".

En 2013, la Municipalidad de Rosario hizo un estudio sobre los lesionados con armas de fuego que ingresaron en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El estudio, cuyo objetivo era realizar un abordaje de atención a las víctimas, arrojó datos sorprendentes. El 48,8% de los pacientes que ingresaban con heridas de bala ya habían sido atendidos por lesiones del mismo tipo. Y la mayoría sufrió el ataque en un radio no mayor de 12 cuadras de su vivienda.

Estos apuntes hicieron visibles algunos rasgos de la violencia que supura en las calles. Las disputas por territorio entre grupos rivales -no siempre asociados al narcotráfico- generan tensiones que se resuelven a los tiros. Este crudo escenario hizo reaccionar al gobierno provincial y a la municipalidad. Se pusieron en marcha programas de emergencia que no formaban parte de los voluminosos planes estratégicos.

El viernes se lanzó el plan Abre, que implica una inversión de 76 millones de pesos en siete barrios de Rosario, donde se realizarán aperturas de calles, reubicación de familias, construcción de viviendas, plazas, desagües, pavimentación, zanjeo y cloacas. A la par, se puso en marcha el programa Nueva Oportunidad, que apunta a actuar de manera focalizada sobre los grupos o bandas de jóvenes que no terminaron la escuela secundaria ni tienen trabajo; muchos de esos jóvenes fueron tentados a deambular sobre la delgada línea de las economías delictivas. "La idea es ir a buscar a mil muchachos y darles otras opciones, con el estímulo de una beca de 750 pesos", señaló Fernando Asegurado, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario.

El 9 de abril desembarcaron 2000 efectivos de las fuerzas nacionales en Rosario, donde comenzaron a patrullar 28 barrios de la ciudad. La presencia de los uniformados en las calles cambió el clima de desborde delictivo ante la labor ausente de la policía provincial, uno de los principales problemas de la gestión del socialista Antonio Bonfatti.

Gendarmería y Prefectura no hicieron grandes operativos en busca de los eslabones importantes del tráfico de drogas. El procedimiento más importante que se hizo fue el desmantelamiento de la banda de los Lagartos, liderada por Víctor Grisevich, a cuyo hijo le incautaron 20 kilogramos de cocaína en el peaje de la autopista Santa Fe-Rosario.

La actividad de las fuerzas federales se centró en la desarticulación de los búnkeres, las bocas de expendio de cocaína. Tras el "desembarco pacífico" en el que se allanaron 67 búnkeres, se hicieron más de 20 allanamientos en puntos de venta fijos, con detenciones masivas a compradores y "soldaditos", los últimos eslabones de la cadena de comercialización.

Los operativos de las fuerzas federales generaron también críticas por las metodologías de "control social" en los barrios de los márgenes de la ciudad. Los curas de barrio Daniel Siñeriz, de Nuevo Alberdi; Edgardo Montaldo, de Ludueña, y Joaquín Núñez, de la capilla y comedor de Villa Banana, alertaron sobre eventuales excesos de la Gendarmería a la hora de los controles en las calles.

El otro eje preventivo giró en torno de las motocicletas. En lo que va del año fueron incautadas 12.000, que están apiladas en el corralón municipal. Sólo un 20% de los infractores las pasó a retirar. Muchos de los delitos que más impacto social tienen en la ciudad, como los arrebatos y los crímenes por encargo, se realizaban con este tipo de vehículos, generalmente robados.

En la gran mayoría de homicidios por encargo se utilizó la metodología de dos hombres en moto. Ese sistema se usó en el 40% de los homicidios dolosos de Rosario. Una forma de complicarles la tarea a los asesinos, dijo el fiscal regional Jorge Baclini, es generar controles a las motos en las calles. En sólo un mes se secuestraron 3015 motos y 550 autos que presentaban irregularidades en la documentación. (La Nación)