La fiscal Sabrina Namer pidió esa pena para la funcionaria menemista por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado
La fiscal Sabrina Namer pidió hoy la pena de cuatro años de prisión para la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray por presuntos hechos de corrupción durante la privatización de la empresa estatal de teléfonos EnTel.
Namer hizo sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 6 y acusó a Alsogaray por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por el que solicitó la pena de cuatro años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, la fiscal solicitó tres años de prisión en suspenso para Gustavo Daneri, ex coordinador general de ENTel; dos años en suspenso para Hernán Pflaum, del estudio Javier Fernández Madero, y la absolución de Juan Carlos Pickenhayn, de la consultora KPMG.
El juicio es por las presuntas contrataciones irregulares de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por la Consultora KPMG y el estudio Fernández Madero para la liquidación y certificación de obras públicas.
"Se les dio plata a personas conocidas de Alsogaray y del estudio Fernández Madero pero no se controlaron sus capacidades", acusó la fiscal.
Para pedir la pena contra Alsogaray, la fiscal tuvo en cuenta como agravante que era "la máxima autoridad de ENTel" y su "amplia experiencia" en el manejo de fondos públicos por sus anteriores cargos en la administración pública.
En tanto, sostuvo que en su caso eran atenuantes su edad, 71 años, y lo extenso del proceso que lleva más de 20 años.
Este es el cuarto juicio oral y público contra Alsogaray, que ya lleva dos condenas y una absolución.
El último juicio oral afrontado por Alsogaray tuvo lugar en abril pasado por supuesta corrupción en contratos entre la Secretaría de Recursos Naturales que ella encabezaba y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de 1992 a 1995, en el que fue condenada a cuatro años de cárcel.
Antes había sido condenada a tres años por enriquecimiento ilícito y fue obligada a devolver el dinero mediante el remante del petit hotel en el que vivía en el barrio de Recoleta. Asimismo, en otro juicio, por la contratación supuestamente irregular de una campaña publicitaria para el Plan de Manejo del Fuego, la ex funcionaria fue sobreseída por prescripción de la causa.
El juicio, a cargo de los jueces Julio Panelo, María Roqueta, y José Martínez Sobrino, continuará el próximo lunes a las 10 con los alegatos de las defensas.