El kirchnerismo no tuvo inconvenientes y emitió dictamen favorable para el proyecto que envió el Ejecutivo a fin de que el Congreso avale el acuerdo del Estado nacional y Repsol por las acciones que se le expropiaron en 2012 a la firma española en la petrolera YPF.

Al finalizar la tercera jornada de debate en las comisiones, el Frente para la Victoria firmó su despacho, el cual consiguió además las rúbricas de senadores tradicionalmente aliados al Gobierno y la del sindicalista moyanista Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino). El miércoles que viene será la sesión y el oficialismo llega muy confiado.

La oposición, en tanto, quedó dividida entre los que están firmemente en contra del acuerdo con Repsol y los que aún no deciden qué hacer. Ayer, la UCR y la centroizquierda (FAP, Unen y CC) firmaron un dictamen de minoría en disidencia, rechazando la ley propuesta por la presidenta Cristina Fernández que establece la emisión de bonos por hasta 5.000 millones de dólares que serán entregados a los españoles en concepto de resarcimiento.

En cambio el Peronismo Federal dejó para el martes próximo la definición que tomará la bancada, ya que existen posiciones encontradas. La restante fuerza política, el PRO, tiene tres senadores y ninguno de ellos es miembro de las comisiones que debieron dictaminar ayer, por lo que su posición se dará a conocer también la semana entrante, aunque se inclinarían por el apoyo.

La jornada de ayer tuvo dos expositores. El exsecretario de Energía de Raúl Alfonsín, Daniel Callejas, y el titular de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia, Eduardo Mertehikian, organización ambientalista que tiene planteadas cinco demandas contra petroleras de todo el país –incluida Repsol– por los pasivos ambientales. Una de estas causas está en la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre de 2011 llamó a una audiencia y consiguió que la petrolera renacionalizada se comprometiese a un plan de remediación de la cuenca neuquina. Mertehikian rechazó la cláusula sexta del convenio que la Argentina firmó el 27 de febrero con Repsol, llamada de indemnidad, porque por ella cada parte deslinda a la otra de futuros juicios o controversias, para poder cerrar así el acuerdo en torno a la expropiación del 51 por acciones de las acciones.

Así, el Estado deberá hacerse cargo de los trabajos de remediación que la Justicia eventualmente le ordene pagar a Repsol por los daños ocasionados durante los años que operó YPF.

Desde el oficialismo, Aníbal Fernández aceptó que el acuerdo no respetó la ley de reestatización, la cual fijaba que se debía consultar al Tribunal de Tasación para cumplir con 
lo que dicta la ley de expropiaciones.

Controversia por resarcimiento

Pasivos ambientales. La no inclusión de los pasivos ambientales dentro de la tasación y la llamada cláusula de indemnidad son las principales objeciones de la UCR y la centroizquierda. El radical Gerardo Morales dijo que, la próxima semana, presentará una tasación diferente a la que hizo el Tribunal Nacional de Tasación, y denunciará penalmente a los técnicos de este organismo por “dibujar” un precio a fin de que coincida con lo que se acordó en Madrid con Repsol. Dijo que están pagando lo que vale hoy YPF, una empresa recuperada y que funciona, en lugar de pagar lo que valía en 2012, cuando Repsol la había vaciado.

Fuente: La Voz