A las 11:36, en la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py 2002, los camaristas Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, dieron inicio al juicio oral por el siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó con la cabecera del andén dos de la estación terminal Once y provocó 51 muertes y dejó más de 700 heridos.
 
Los jueces determinarán si en el accidente hubo responsabilidad de los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, este último quien vivió un momento incómodo al llegar, cuando fue abordado por la prensa y algunos familiares que están en el lugar para pedir Justicia.
 
"Yo estoy tranquilo, no voy a hablar por ahora. Voy a venir a todas las audiencias", llegó a decir el ex funcionario kirchnerista, antes de ingresar a Comodoro PY para afrontar el juicio.
 
Además de los ex secretarios de transporte, en las primeras filas y a sala llena, se encuentran los acusados Marcos Antonio Córboba (motorman), los empresarios Sergio Claudio, Mario y Claudio Cirigliano, los ex titulares de la CNRT, Antonio Sícaro y  Pedro Ochoa, y el ex secretario de Transporte, Antonio Luna.
 
 Entre los objetivos del proceso judicial que investiga la denominada Tragedia de Once, donde además de los 51 fallecidos hubo más de 700 heridos, será determinar el destino de los subsidios estatales entregados a las empresas concesionarias para el mantenimiento del servicio ferroviario.
 
 El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al proceso oral, poco más de dos años después del incidente ocurrido el 22 de febrero de 2012.    Los ex secretarios Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012), serán juzgados por la falta de controles en los subsidios estatales que recibía la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
 
Los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano, en tanto, están acusados por desviar fondos públicos hacia empresas tercerizadas, presuntamente de su propiedad.
 
El motorman Córdoba es imputado por el choque, ya que conducía la formación al momento del impacto y está en controversia si accionó correctamente los frenos de la formación ese día. Dos peritajes arrojaron que el sistema de frenos funcionaba correctamente al momento del hecho, con lo cual se descartó una falla mecánica, complicando al maquinista.
 
Junto a ellos en el banquillo estarán el directorio de TBA, que incluye a su entonces presidente, Carlo Michele Ferrari; así como también el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna; y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y Pedro Ochoa.
 
Durante el proceso, la Justicia intentará determinar qué pasó con los dos mil millones de pesos que recibió TBA como subsidio del Estado entre 2003 y 2010, y por los cuales los ex funcionarios son acusados por administración fraudulenta, a la par que en instrucción otro juez, Sebastián Ramos, evalúa específicamente el dinero público que recibieron las concesionarias.
 
La investigación que llevaron adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Federico Delgado descubrió que varios millones de pesos tenían otros destinos no vinculados con el mantenimiento del sistema ferroviario. Aparentemente, Claudio Cirigliano utilizó una tarjeta corporativa de TBA para realizar gastos exorbitantes por medio millón de pesos en muebles traídos de la Polinesia, joyas, viajes y otros artículos de lujo para uso personal.
 
Está prevista la declaración de 300 testigos a lo largo del proceso que se estima en no menos de un año, el cual estará a cargo de los jueces federales Jorge Gorini, Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburua.
 
La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Arrigo y, hasta este lunes, eran cuatro las querella, aunque a último momento dos grupos de familiares de víctimas firmaron un acuerdo extrajudicial con TBA y renunciaron a ser parte de la acusación. Se trata de los representados por los abogados María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, como también los defendidos por Miguel Arce Aggeo.

TBA podría en las próximas horas llegar a un acuerdo similar con los familiares representa el abogado Gregorio Dalbón. Hasta anoche, no se había conocido ningún entendimiento al respecto.
No adoptó la misma actitud y tampoco lo hará la familia de Lucas Menghini Rey, quien ayer ratificó que jamás ha negociado una indemnización y tampoco "vamos a ceder a un acuerdo extrajudicial", aseguró Paolo Menghini, el papá de Lucas.

Durante las primeras audiencias que se realizarán en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, los magistrados darán lectura del requerimiento de elevación a juicio.

Fuente: infobae.com