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15/03/2014 12:15 hs

Oyarbide suma denuncias en los Tribunales y en la Magistratura

Argentina - 15/03/2014 12:15 hs
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Lo investigarán por paralizar el allanamiento a un financiera; Massa también lo cuestionó en el Consejo; piden reabrir el caso en el que el magistrado sobreseyó a Liuzzi

El frente judicial y administrativo del juez federal Norberto Oyarbide se complicó ayer con la incorporación de nuevas denuncias judiciales y administrativas por el allanamiento frustradoen una financiera, en un caso en el que policías que cumplían sus órdenes están acusados de pedir sobornos invocando su nombre.

Tras recibir la advertencia del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, según contó el propio magistrado, dispuso levantar el procedimiento. A raíz del escándalo, que roza al secretario del área y superior de Liuzzi, Carlos Zannini, diputados nacionales de la UCR y de la coalición UNEN denunciaron penalmente a Oyarbide y a Liuzzi. La acusación fue presentada por los diputados Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento.

La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero no se descarta que se acumule a la que ya tiene el magistrado Luis Rodríguez y en la que se investiga a los policías denunciados por pedir una coima de US$ 300.000, primero, y $ 2,5 millones, después, para paralizar el procedimiento.

Además, Garrido pidió a la Justicia que revisara el sobreseimiento que Oyarbide dictó en favor de Liuzzi en otra causa, concluida el año pasado, en la que el funcionario fue investigado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito. El argumento de Garrido es que el fallo que benefició al funcionario se debió a "la relación amistosa que existe entre ambos".

Oyarbide ordenó el 19 de diciembre pasado una veintena de allanamientos en una causa por lavado de dinero, uno de ellos en la mutual Propyme, cuyo dueño, Guillermo Greppi, denunció que los oficiales de la división Difoc de la Policía Federal le pidieron plata en nombre del juez para no continuar el operativo. El juez reconoció que suspendió el operativo cuando recibió una llamada de Liuzzi, en la que lo alertaba de presuntas irregularidades en el procedimiento.

"Es llamativo que un magistrado reciba llamadas telefónicas de funcionarios del Poder Ejecutivo, en las que se le hacen sugerencias sobre una causa judicial", dice la denuncia. Y agrega que "la receptividad por parte del doctor Oyarbide presupone un trato previo, ya que, de lo contrario, no se explica cómo el juez confió plenamente en la veracidad del autor de la llamada y no supuso que podría ser un impostor", sostuvieron los diputados.

Sobre la base de la relación de Oyarbide con Liuzzi, Garrido pidió revisar el sobreseimiento del funcionario, ya que especuló que "es probable que haya pasado lo mismo que con la llamada telefónica y por eso pedimos que se revise qué pasó en esa causa".

En tanto, diputados del Frente Renovador presentaron ayer en el Consejo de la Magistratura una nueva denuncia contra Oyarbide, con lo que ya son cuatro los expedientes iniciados contra el juez por presunto mal desempeño por este mismo asunto.

El Consejo trató las denuncias contra Oyarbide y la oposición propuso citarlo para que hiciera un descargo voluntario por escrito de las acusaciones en su contra, pero los representantes del kirchnerismo se negaron a analizar el tema. El oficialismo propuso que las denuncias comiencen a ser tratadas el próximo jueves, a las 10, en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo.

La agrupación de abogados Será Justicia reclamó ayer "la inmediata separación del cargo" de Oyarbide porque es pasible de manipulación de funcionarios públicos. "En la Argentina existen variadas prácticas del poder político sobre la Justicia que dañan su independencia", dijeron los abogados. Y mencionaron "el alineamiento de algunos jueces con los intereses del poder político, el asedio a magistrados independientes y la interferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial, a través de la limitación de su autarquía financiera".

Por otro lado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhortó al Consejo de la Magistratura a que "procure preservar la independencia del Poder Judicial mediante la adopción de acciones dirigidas a restituir la confianza de la ciudadanía en la Justicia frente a hechos que ciertamente la ponen en duda".

"Lo cuestionable de la conducta del juez Oyarbide no se refiere a su opinión jurídica, sino al ostensible incumplimiento de un deber propio de los magistrados que tienen a su cargo la investigación para determinar la autoría de un delito", señala la declaración.

OTRO POLICÍA AFIRMÓ QUE OYÓ HABLAR DE ZANNINI

El sargento primero César Ceballos, uno de los policías acusados de pedir sobornos para paralizar el allanamiento a una financiera, ratificó ante la Justicia que oyó hablar de Carlos Zannini como socio del dueño de la empresa.

Ceballos, que es uno de los imputados, integrante de la comisión policial que intervino, presentó un escrito en el que ratificó la presentación que hizo ayer su jefe, el subcomisario Fabio Ascona.

Este oficial relató -también por escrito- que Guillermo Greppi, el dueño de la firma, le dijo que era socio de Zannini y de Hugo Moyano, y que durante el allanamiento Ceballos vio cómo recibía en su celular una llamada de Zannini. Dijo que la pantalla del Blackberry mencionaba ese nombre y que Greppi se la mostró.

Greppi negó estas afirmaciones y dijo que no conoce a Zannini ni a Moyano y que es ridículo pensar que el funcionario lo llamara.

Ayer, la defensa de los policías, a cargo de la abogada Valeria Corbacho, cargó contra Liuzzi. Esta vez fue para contestar las afirmaciones del empresario, quien dijo a LA NACION y a otros medios que fue víctima de un saqueo de los policías, que irrumpieron con violencia en su oficina, haciendo ostentación de armas y amenazantes.

En su escrito, Corbacho aportó los videos de la cámaras de seguridad y dijo que no se ve a los policías rompiendo puertas, que el único momento en que sacaron armas -apuntando hacia abajo- fue cuando persiguieron a empleados que se escapaban por las escaleras y que los empleados, más que atemorizados, estaban preocupados por esconder documentación que querían evitar que fuera secuestrada. (La Nación)

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