En el barrio de Pedralbes se respira riqueza. Caminando por sus calles cuesta imaginar la dura recesión que golpea a la capital catalana igual que a toda la península. Ahí mismo, se levanta uno de los símbolos de esta España en crisis: el palacete de 2155 metros cuadrados de Iñaki Urdangarin y su esposa y segunda hija del rey Juan Carlos, la infanta Cristina.
 
De tanto en tanto la zona se llena de paparazzi que buscan retratar a los duques de Palma, envueltos en el fraude Nóos, el escándalo de corrupción que dinamitó el prestigio de la monarquía española. Pero los vecinos del barrio -entre otros, Lionel Messi y la pareja Shakira y Gerard Piqué- podrán pronto olvidarse de esos sobresaltos. Los duques ya tienen acordada la venta del palacete, en 7,5 millones de euros, según confirmó el entorno de la pareja.
 
La venta del palacete era casi inevitable. La pareja lo compró en 2004 en 5,8 millones de euros, con una hipoteca de La Caixa que ascendía a 5 millones, según datos aportados en la causa en la que está acusado Urdangarin y en la que fue imputada Cristina (aunque está en proceso la apelación). El abogado del duque, Mario Pascual Vives, reconoció la semana pasada que lleva seis meses sin pagar la cuota al banco y acumula una deuda de unos 100.000 euros. Además, si fracasa en el proceso de apelación, Urdangarin deberá cubrir una fianza de 8,2 millones.
 
Nóos era un instituto "sin fines de lucro" a través del cual Urdangarin y su socio, Diego Torres, obtuvieron a dedo contratos de gobiernos regionales para organizar eventos a un costo supuestamente inflado. Gran parte de los seis millones de euros que la supuesta ONG obtuvo entre 2004 y 2006 terminó en cuentas de una red de empresas que les pertenecían al duque y a Torres. En una de ellas, la infanta era copropietaria.
 
Una de las principales hipótesis de la causa es que Urdangarin montó la operación para pagar el palacete, un lujo muy por encima de sus posibilidades económicas. Ahora, además de prohibitivo en lo económico, la casa se convirtió en un estigma. Juan Carlos le habría dado la orden a su yerno de buscarse otro lugar menos ostentoso para vivir mientras la causa judicial siga siendo una amenaza para la familia real.
 
El caserón de la calle Elisenda de Pinós 11 tiene tres pisos. En la planta baja se destacan dos salones en los que se llegaron a organizar reuniones con 200 invitados. En los pisos altos hay una suite de 100 metros cuadrados con balcón, cuatro habitaciones para los hijos y dos suites de invitados. Desde la terraza se divisa el mar Mediterráneo, a un lado, y la montaña del Tibidabo, al otro.
 
Quien pase por la puerta podrá vislumbrar el jardín arbolado de 1350 metros cuadrados, pero no la pileta de 6 por 60, resguardada de miradas indiscretas.
 
En los papeles de la investigación judicial se supo que la pareja había gastado entre uno y tres millones de euros para remodelar la casa. La causa dejó al desnudo, además, supuestas diferencias en el matrimonio respecto de su compra. El escribano Carlos Masiá, que escrituró la casa y trabajaba para Urdangarin, declaró ante el juez: "Por lo que sé, la infanta se había negado, no veía cómo se podía adquirir esa casa".
 
Además, relató que junto con uno de los encargados del Instituto Nóos le hicieron creer que el millonario préstamo ya estaba aprobado, lo que no era cierto.
 
El gran misterio ahora es saber quién es el comprador, algo que se mantiene en la máxima reserva. Los duques seguían hasta la semana pasada allí, mientras crecen los rumores de que ya empezaron a mudarse a una casa más discreta.
 
Les esperan días difíciles. El próximo 20 la Audiencia de Palma de Mallorca debe decidir si avala o rechaza la imputación a la infanta. También resta conocer qué pasará con la fianza judicial que, de confirmarse, dejará en la quiebra a Urdangarin.
 
Fuente: La Nación