La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy por unanimidad el planteo de inconstitucionalidad que hizo el suspendido fiscal de instrucción penal José María Campagnoli contra su suspensión en el cargo y el envío a un jurado de enjuiciamiento que podría destituirlo.

Para los camaristas Carlos Grecco, Jorge Argento y Sergio Fernández, que habilitaron la feria judicial ante el recurso de apelación del fiscal, según informaron fuentes judiciales, "no aparece verificada la posibilidad de que se produzcan perjuicios graves como consecuencia del rechazo de la medida cautelar que motiva el recurso".

Y resolvieron "desestimar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la resolución de primera instancia" del juez Pablo Cayssials, que el 23 de diciembre ya había rechazado la medida cautelar planteada por Campagnoli en un intento de revertir su suspensión.

El fallo de la Cámara guarda sintonía con el dictamen de la semana pasada del fiscal general, Miguel Angel Gilligan, que le había recomendado al tribunal rechazar los planteos de "inconstitucionalidad" de Campagnoli, aunque esa opinión no era vinculante y el tribunal podría haber fallado en sentido contrario.

Campagnoli está suspendido en su cargo hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales realice el juicio político en su contra -tiene plazo para llevarlo a cabo hasta junio- en el que deberá resolver si lo destituye o lo repone en el cargo.

Campagnoli fue suspendido en diciembre pasado en un proceso que él denunció como irregular. El mismo había sido promovido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que el fiscal comenzara a investigar a Lázaro Báez sin tener competencia para hacerlo.

A mediados de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales dio lugar al pedido de la representante del kirchnerismo en el Ministerio Público. La votación terminó 4 a 3 en favor de la suspensión, que fue apoyada por los representantes del Poder Ejecutivo (Ernesto Kreplak); del Senado (Rodolfo María Ojea Quintana); de la Defensoría General (María Cristina Martínez Córdoba); y de la Procuración (Daniel Adler).

En tanto, en rechazo a dicha sanción votaron los representantes del Colegio Público de Abogados (Adriana Olga Donato); de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Rodrigo Sebastián Bacigalupi) y el ex procurador general durante el gobierno de Raúl Alfonsín, designado por la Corte Suprema (Juan Octavio Gauna).