A las 10 prisiones preventivas dictadas por el fiscal del Distrito III Turno 7, Raúl Garzón, conocidas en el curso de la semana última, se agregaron otras 25 ordenadas por su par del Distrito I Turno 3, José Mana.

En los 35 casos se imputó por el delito de robo calificado, aunque los abogados defensores se opusieron y ahora deberá resolver el juez de Control número 5, Carlos Lezcano.

Mana dictó las prisiones preventivas a personas sin antecedentes penales, entre los que figuran estudiantes universitarios, empleados de plantas industriales y de callcenter, comerciantes y personas de holgado nivel económico.

Los saqueos se produjeron en varios barrios de la ciudad de Córdoba en los primeros días de diciembre, luego de que la policía se autoacuartelara y dejara de prestar servicios en reclamo de un aumento salarial, que el gobierno provincial finalmente le concedió.

El fiscal justificó su decisión porque los imputados presuntamente "se apoderaron de las calles de la ciudad con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública, donde las personas y los bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia de personal policial".

Para Mana, lo sucedido es "particularmente grave" porque afectó considerablemente "la tranquilidad social, la sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social".

De esta forma, dijo, "los actos de vandalismo cometidos indiscriminadamente en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia de todos los ciudadanos".

Respecto de los comerciantes imputados, el fiscal precisó que muchos eran vecinos de locales saqueados o tenían sus negocios atestados de elementos robados.

Además de los 25 detenidos con prisión preventiva, en la fiscalía de Mana hay alrededor de 10 personas que fueron detenidas el lunes 30 después de analizar videos y filmaciones.

"Es increíble ver cómo en Cáritas entraban y salían con cosas robadas desde la vereda de enfrente", comentó.

Otra curiosidad fue lo ocurrido con dos de los damnificados que son dueños de dos mercados chinos, uno de avenida Riccheri y otro de barrio Comercial de la ciudad de Córdoba.

"Tuvimos que poner un traductor para tomarle declaración" a esos comerciantes, que "además conocía a algunos de los saqueadores. El chino de barrio Comercial desapareció, no le podemos receptar testimonio porque se fue y nadie sabe dónde está", sostuvo Mana.

Por otra parte, restaba resolver la situación de 75 personas que habían sido detenidas, pero la fiscal a cargo, Adriana Abad, se encuentra de feria.

A disposición de la fiscal Jorgelina Gutiez se encontraban otras 30 personas y, en estos casos, sería inminente el dictado de algunas prisiones preventivas.

El fiscal Garzón informó que además de los 10 imputados por robo calificado con prisión preventiva hay otros 22 presos cuya situación aún no ha resuelta. (Infobae)