La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal este jueves revocó dos resoluciones de la Justicia federal de Córdoba y se ocupó de la queja en la causa “Tejeda, Claudio Ariel; Chávez, Cristian Ramón; Benítez, Manuel Alejandro; Ormeño, Héctor Fabián; Gómez, Rodolfo Humberto s/recurso de casación” y se pronunció a favor de un habeas corpus correctivo en favor de los cinco reclusos (federales) alojados en la cárcel de Bouwer por hacinamiento y condiciones inhumanas de detención.

El recurso fue iniciado a comienzos de año por el defensor público oficial Jorge Perano, quien no había tenido éxito con el Juzgado Federal N° 1 y con la apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Primero el instructor negó in limine el pedido, luego la cámara ordenó que se abriera el trámite, pero, al hacerse la inspección al penal para observar las condiciones de encierro, la respuesta al habeas corpus fue negativa.

A su turno, ambos tribunales rechazaron la cuestión de fondo: la Cámara Federal reconoció las condiciones de hacinamiento, pero no se concedió por ser algo generalizado a todo el país y por estar en construcción nuevos módulos en el penal. Perano sostiene que esas instalaciones, que difícilmente se inauguren durante 2025, servirán para alojar a 900 internos, lo que seguirá siendo insuficiente. “Cuando habiliten esos módulos para 900 personas, no se va a descomprimir porque también se van a superpoblar”, sostiene el defensor oficial.

Luego, Perano debió ir en queja a Casación Penal, que por unanimidad concedió el habeas corpus correctivo. Con el voto de Gustavo M. Hornos y la anuencia de Javier Carbajo y de Diego G. Barroetaveña, la Sala 4 adhirió a los argumentos expuestos por el defensor oficial cordobés.

Al conocer la resolución, fuentes del Ministerio de Justicia cordobés plantearon que evalúan intimar a la Nación para que mude los 263 presos federales que están alojados en cárceles de Córdoba. “Hasta este año pagaban $ 375 por interno por día, y se subió a $ 2.000, mientras que el costo por cada interno es alrededor de $ 22.000 por día. La última transferencia enviada a la Tesorería del Ministerio de Economía de Córdoba es del 19 de septiembre de este año por $ 8.954.062 por el periodo de mayo a junio de 2022, y la anterior fue el 30 de noviembre de 2023 por $ 10.861.687 por el periodo de agosto a diciembre de 2020. Está tramitada la resolución del Ministerio de Seguridad por $ 25.869.937 en concepto de alojamiento enero a diciembre 2023, pero eso no se pagó aún”, plantearon desde el Gobierno de Córdoba.

La queja es más amplia. Mientras se inauguraba un penal federal en Coronda, Santa Fe, Córdoba recordó que siendo el segundo distrito del país no tiene ningún establecimiento federal. “Que los muden a Coronda”, fue la respuesta espontánea, apenas se consulto qué hará el Servicio Penitenciario con los beneficiarios del habeas corpus.

Hacinamiento extremo

La causa de la concesión del habeas corpus correctivo es el hacinamiento en las prisiones de la provincia de Córdoba. Lo que describe la resolución es cómo las celdas que originalmente estaban destinadas a un recluso, luego se incluyó una cucheta y se sumó un habitante. Después, se agregó una cama, con lo que los internos que dormían en un mismo lugar llegaron a ser tres. Luego, por lo que señalan quienes visitan Bouwer y otros centros de encierro, se tiraron uno o dos colchones en el piso y en la misma celda entran hasta cuatro o cinco privados de la libertad. Uno de ellos duerme con su pies bajo la cucheta y con la cabeza más ventilada.

En ese mismo reducido reducto, hay una mesita y un inodoro, con lo que las condiciones de encierro se transforman en hacinamiento extremo. ¿Cuáles son las dimensiones de esas celdas? 3 x 2,5 metros.

Las recomendaciones internacionales indican que una persona puede ser encerrada en un espacio de seis metros cuadrados y que, por cada recluso que se agrega, son necesarios otros cuatro metros cuadrados. En el caso de muchos recintos cordobeses, se incluyen cuatro o cinco personas en esos 7,5 metros cuadrados.

Durante la noche se corta el agua, por lo que los pensionistas de esas celdas deben almacenarla en botellas por si a alguno se le ocurre “ir al baño”.

A su vez, los pabellones también están cuadruplicados en su población: estaban destinados a 25 personas y ahora albergan a unas 100.

El camarista Hornos reseña las condiciones de encierro descriptas y señala que “se turnan para dormir ‘por la humedad que hay en el piso’, ‘tienen un colchón fino’ y ‘duermen debajo de la mesa y con los pies debajo de la cucheta porque no hay espacio en la celda porque después está también el inodoro’.

Agrega el camarista nacional que “sólo hay dos duchas para todo el pabellón. Como no hay agua, también deben llevar ‘tarros de agua’ por si tienen que ir al baño y una botella de agua para poder desayunar a la mañana”.

Tras esto, haciéndose eco de las observaciones preliminares formuladas por las Naciones Unidas sobre la “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, entiende que “no existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones de detención intolerables”.

Hornos y sus pares señalan que “resulta imprescindible abordar la cuestión con la diligencia y el compromiso que exigen el respeto por los derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país”. El tribunal añade que, ante el hacinamiento no controvertido, “resulta evidente que dicha situación no sólo afecta gravemente las condiciones de vida de los accionantes, sino que además implica una vulneración de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

Por esto, el tribunal de alzada envía la resolución para que el Juzgado Federal N° 1 “imprima el trámite de habeas corpus”.

La Justicia es la responsable

Pese a ser crítico habitual del Servicio Penitenciario, apenas comienza a hablar Perano aclara que esta situación en particular es responsabilidad del Poder Judicial, que sigue encerrando gente, sin interesarte por las condiciones de alojamiento.

El defensor público oficial indica que, ante estas condiciones constatadas de hacinamiento, se ven afectados los servicios de educación, de salud y de alimentación de los penales, además de potenciarse la violencia entre los reclusos, con los guardiacárceles y con las visitas.

El autor del recurso sostiene que puede hacerlo extensivo a todos los reclusos a su cargo, que soportan las mismas condiciones de hacinamiento.

Añade que esto puede hacerse extensivo a todos los detenidos, no solamente a los 260 pertenecientes a la Justicia federal. La inmensa mayoría pertenece al Poder Judicial provincial. Se estima que en la provincia hay más de 14 mil detenidos. Acaso más de la mitad está en Bouwer, donde se calcula que ya se superaron los siete mil.

La salida

Frente a la manda judicial de hacer cesar las condiciones de hacinamiento en la cárcel, está claro que no es necesario que los cinco detenidos del habeas corpus recuperen la libertad.

Los cinco son condenados, pero sin sentencia firme.

El juzgado debe definir cómo deja de tenerlos encerrados bajo condiciones de hacinamiento. Perano sostiene que solamente en el establecimiento de Monte Cristo no existe esa superpoblación y que esa sería una alternativa. La otra podría ser la prisión domiciliaria, acaso con tobilleras electrónicas.

Hay que recordar que el Gobierno provincial inició un trámite legislativo para adquirir miles de estos dispositivos para monitorear la ubicación de personas que salen de los penales y deben permanecer en su casa. En la Legislatura se está debatiendo, por estos días, el procedimiento para extender esta modalidad de detención domiciliaria monitoreada con dispositivos duales y la Provincia ya subastó 500 tobilleras e inició el proceso para licitar mil más para 2025.



La Voz
Imagen: El Resaltador