La fiscal departamental de la región boliviana de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este lunes 16 de diciembre que su despacho presentó una imputación formal en contra del exmandatario boliviano Evo Morales por “trata de personas agravada”, y solicitó una alerta migratoria, pues ya transcurrieron los 10 días del lapso para que el expresidente se presentara voluntariamente a declarar.

Las medidas de Gutiérrez se derivan de la supuesta relación del exmandatario con una adolescente, con quien incluso habría tenido un hijo.

La fiscal agregó que la imputación también se presentó en contra de Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, a quien acusa de haberse lucrado por “entregar” su hija a Morales a cambio de “favores”.

La víctima es una mujer que pertenecía un grupo juvenil creado por Morales durante su Presidencia (que transcurrió de 2006 a 2019), conocido como “Generación Evo”. De acuerdo con la acusación, inició su relación con el líder cuando tenía 14 años, y tuvo un hijo suyo a los 16.

La fiscal Gutiérrez negó que exista alguna motivación política detrás de sus diligencias: “Estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)".

Una medida sin ejecución

La funcionaria leyó un informe de la Policía, según el cual el cumplimiento efectivo de la medida de aprehensión ha enfrentado “riesgos técnicos y operativos significativos".

De acuerdo con la fiscal, los bloqueos de carretera que los seguidores de Morales llevaron adelante durante 24 días tuvieron como objetivo dificultar el acceso al mandatario.

El propio Morales ha declarado que se encuentra custodiado por “al menos 500 personas” en el Chapare, una de las 16 provincias que forman parte del departamento de Cochabamba, donde permanece resguardado desde octubre.

La fiscal de Tarija denunció que fue destituida por el fiscal general Juan Lanchipa el 3 de octubre, al día siguiente de la emisión de la orden de captura contra Morales, pero agregó que poco después fue restituida en su cargo, tras la renuncia de Lanchipa.

Evo Morales enfrenta una acusación similar en Argentina, donde estuvo acogido como refugiado por el expresidente Alberto Fernández en 2019, por presunta “trata de personas y abuso sexual”.

Gutiérrez espera que "el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares".

Morales denuncia persecución política

Evo Morales afirma que las acusaciones son parte de una "persecución política" en su contra para evitar que se postule como candidato presidencial a las elecciones de 2025, algo que constitucionalmente ya lo tiene vetado.

"El #Lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares. Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión", escribió el 7 de octubre Morales en una publicación de la red social X.

Y este 14 de diciembre añadió:

"Primero, me inician más de una decena de procesos penales. Luego, criminalizan la protesta social y detienen a más de 100 compañeros y compañeras que siguen encarcelados como presos políticos. Soy víctima de un odio desenfrenado del Gobierno que, para lincharme, tiene un batallón de jueces, fiscales, policías y medios de comunicación que ignoran el principio constitucional de presunción de inocencia".

La investigación y acusaciones han surgido en medio de una larga batalla de Morales con el presidente Luis Arce por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y el Ejecutivo boliviano.

La denuncia por trata de personas se presentó el 26 de septiembre, tres días después que Evo Morales, tras una marcha de 187 kilómetros por el altiplano boliviano, le diera un ultimátum a Arce, diciendo que "si quiere seguir gobernando" debía destituir a sus ministros, en una acción que fue calificada por el Gobierno como un intento de "golpe de Estado".

Con EFE y AP