Las prepagas ya anunciaron a los usuarios los ajustes que se vendrán en el mes de enero y una vez más, será por encima de la inflación. En medio de la denuncia del Gobierno por presunta cartelización, las empresas decidieron que aumentarán en el primer mes del año de 3% a 3,9% según el plan. En general, los incrementos muestran una tendencia a la baja en comparación con los ajustes aplicados en diciembre.

En las últimas horas, las prepagas comenzaron a notificar a sus afiliados sobre los nuevos aumentos, tras la publicación del IPC de noviembre por parte del INDEC. Sin embargo, Medicus se adelantó y comunicó el ajuste de enero con anterioridad. Estas notificaciones llegaron al cierre de una semana clave, marcada por la confirmación del Gobierno sobre la imputación de siete prepagas por cartelización, según la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Para justificar los índices de ajuste, los representantes del sector de las prepagas argumentan que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.

Al menos cinco grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero:

En enero, las cuotas de las prepagas subirán entre 3% y 3,9%, según la empresa y el plan.
El alza en los aranceles es “necesaria para garantizar el servicio”.
En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo con el plan de salud y la empresa.
En 2024, las cuotas acumularon un alza cercano a 121%.

La investigación del Gobierno por cartelización

El Gobierno anunció este jueves la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga. Ahora, las compañías tienen 20 días para presentar su respuesta, por lo que por estas horas definen cuál será la mejor estrategia para rechazar la acusación del Ejecutivo. Se trata de las firmas: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más. Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.

Asimismo, la cartera que conduce Pablo Lavigne precisó que “el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.

En abril pasado, el Gobierno había demandado en la Justicia la presunta “cartelización” de las empresas por la fuerte suba en las cuotas, que aumentaron todos los meses del año después de que Javier Milei decidiera no intervenir en los precios.

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