La política neuquina está inmersa en un escándalo sin precedentes después de que la vicegobernadora Gloria Ruiz fuera separada de su cargo por presunta inhabilidad moral. Así lo decidió la Legislatura para realizar la investigación correspondiente “sin presiones”, con la misión de elevar un informe a los diputados, que deberán votar una eventual destitución.

Ruiz fue citada el viernes a la comisión de Asuntos Constitucionales para presentar un descargo frente a los hechos que se le adjudican: uso indebido de fondos públicos, designaciones irregulares y nepotismo, entre otros puntos. La comisión investigadora que se conformó específicamente para esta tarea aportó una serie de pruebas que los legisladores consideraron “contundentes”. Ante esto, la vicegobernadora respondió con acusaciones e hizo un pedido particular: la renuncia del gobernador Rolando Figueroa.

Hasta el momento, la defensa de Ruiz consistió en salir al ataque y correr el eje de la discusión. En diálogo con TN, los abogados de la suspendida vicegobernadora afirmaron que tienen pruebas que incriminan a funcionarios y legisladores. Pero la exfuncionaria fue más allá y publicó un video en el que le pidió a Figueroa que renuncie a su cargo y convoque a elecciones.

“Hicieron una denuncia penal contra ministros y diputados. En mi caso, mandaron a decir que tenían algo de 2019”, señaló a TN uno de los diputados denunciados. Aseguró que Ruiz busca “embarrar la cancha” y que los “están apretando”.

Ruíz se apersonó el viernes y presentó un escrito. Uno a uno, los diputados, que expusieron en la comisión de Asuntos Constitucionales, le exigieron que responda a las acusaciones: nepotismo, excesos de compras directas, no permitir al Tribunal de Cuentas investigar.

La suspendida vicegobernadora pidió prórroga hasta el miércoles 18 de diciembre, en la que “va a defenderse cargo por cargo, acompañando documentación al respecto”, confirmaron a TN los abogados defensores.

“No va a responder nada porque sería interferir. Ella busca desviar la atención, politizar y mediatizar. Pero no tiene explicaciones a las denuncias”, indicaron cerca del Gobernador. “Una vez que ella diga lo que tenga que decir, pasa directamente al recinto. Seguramente el jueves se reunirá la comisión parlamentaria y convocará a sesión especial para la semana próxima. Estamos definiendo si se la destituye por 30 o 33 votos”, agregó una alta fuente legislativa a este medio. El total de legisladores es 35.

La estrategia de Ruiz: correr el foco de la discusión

Después ser separada de su cargo para investigar si existe inhabilidad moral para eventualmente destituirla, Ruiz apuntó a una persecución política en su contra. Desde el primer momento aseguró que era una suerte de golpe institucional y reaccionó con denuncias cruzadas. “Con Decreto 2024- 365 el señor Gobernador contrató de manera directa a la firma Horizonte, compañía argentina de seguros generales, con domicilio en la provincia de Río Negro, por una suma de $79.701.894.33,63. El decreto tiene fecha el 22 de abril del 2024″, señaló Ruiz desde sus redes sociales, en un mensaje que acompañó con un video.

“Se bajaron los costos de los seguros y se hizo un convenio con Horizonte. Hoy hay un ahorro importante de las primas que se pagan por los seguros”, aclararon desde a Provincia. “La transparencia y tolerancia cero para los negocios de la política es una de las máximas de este gobierno”, sumaron.

Por la misma vía había pedido al gobernador que ambos renuncien y se convoque a elecciones. “Lo invito a que juntos renunciemos en pos de lograr la pacificación que el pueblo se merece y dentro de 60 días se convoque a elecciones. Se va a tener que hacer conforme lo determina nuestra constitución”, aseguró.

Además, se presentó el 4 de diciembre en la Justicia para denunciar penalmente a los diputados Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lépore, Carina Riccomini, Claudio Domínguez, Tanya Bertoldi, Julieta Corroza, Lucas Castelli, Matias Nicolini, Rubén Etcheverry y Marcelo Severini “por los delitos de asociación ilícita, falsas denuncias, abuso de autoridad, atentado al orden constitucional, vida democrática, cohecho y tráfico de influencias, lavado de activos agravado”. Los legisladores desestimaron la presentación y ya empezaron a enviar cartas documento por “denuncias falsas”.

Las pruebas recolectadas por la Legislatura

“Lo que no se puede pasar por alto es que la metodología de designar a ciertas personas y luego darlas de baja al tiempo que se daba de alta un contrato de locación de servicios para un familiar de aquella, se origina en la ‘necesidad’ de disponer de designaciones para el círculo de confianza-parentesco de la Vicegobernadora”, indicaron desde la Legislatura. De acuerdo a lo que recopilaron a partir de una investigación del diario Río Negro, serían 13 personas las que están vinculadas a Ruíz.

“Se observaría una metodología de contratación contraria a lo que establecen las normas legales en la materia, eludiendo el procedimiento administrativo correspondiente mediante el reconocimiento del pago de servicios ya prestados, como así también se advierte la utilización de la contratación directa como método ordinario de contratación, sin justificación y por encima de los montos máximos establecidos para dicha contratación”, señala el informe al que tuvo acceso TN.

También agrega: “La contratación directa de bienes y/o servicios por montos que serían excesivamente elevados en comparación con los valores de mercado, sin siquiera requerir presupuestos a otros proveedores para verificar y/o cuidar el interés del fisco provincial”.

Además, de la documentación presentada se establece que “en relación con el volumen de erogaciones, respecto, únicamente, a la partida de gastos protocolares y en carácter de cortesía realizado durante el período de gestión de la señora Vicegobernadora asciende a la suma de $407.674.693,94, lo cual representa aproximadamente el 3% de la recaudación total del impuesto inmobiliario de toda la provincia presupuestado para el año 2024″.

Y remarcan: “De la simple y sencilla comparación de los precios facturados a esta HLN y los precios publicados en la página web de la empresa surge que existe una diferencia en el orden de entre el 80% y el 100% en contra de los intereses del fisco provincial, específicamente de la HLN, sin considerar en el análisis el desfasaje por inflación”.

El caso emblemático es el de su hermano Pablo Ruíz, que fue denunciado por los presuntos delitos de peculado y fraude a la administración pública. El acusado es funcionario público, coordinador de la Casa de Leyes, un espacio cultural que depende de la Legislatura provincial. “El señor Ruiz recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos”, indica la denuncia presentada por el Banco Provincia. También especifica que realizó “extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos”.


TN