El Gobierno de Córdoba no dará curso al reclamo de la Nación, que pretende que los intendentes de todo el país dejen de gravar con tasas específicas los servicios de luz y de agua en sus distritos. Alegan que esos servicios están bajo competencia provincial y que están autorizados por ley, con limitaciones específicas.

“La competencia es provincial”, alega el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), Mario Blanco.

A la movida nacional adhirió la Unión Industrial de Córdoba, que días atrás pidió a los intendentes que revisen su esquema de gastos, dijo que denunciará casos en los que se adviertan cobros inconstitucionales y reclamó que las tasas “reflejen de manera justa los servicios efectivamente prestados”.

Fedecom, que agrupa a 75 cámaras empresarias, comerciales y de servicios del interior, se alineó en el mismo sentido.

La Secretaría de Comercio e Industria, que depende de Economía, intimó el 11 de noviembre pasado a 95 empresas de servicios públicos para que dejen de incluir cargos ajenos al servicio en sus boletas.

El 11 de octubre había entrado en vigencia la resolución 267/24 que prohíbe el cobro de cargos ajenos al servicio contratado.

“Las tasas tienen que estar ligadas a la contraprestación de un servicio. Lo que ocurre, desde el punto de vista político, es que es más fácil cobrarle a 10 empresas que al conjunto de la población. Pero la pregunta es: ¿por qué si estás en la misma calle te cobran una sobretasa como industria que no tiene relación con el servicio que se presta? La tasa tiene que estar relacionada con el servicio que se presta”, plantea el titular de la UIC, Luis Macario.


“Nosotros estamos en pie de guerra y reclamamos que si hay aumento de tasas que sea con una contraprestación. No aceptamos aumentos porque sí. Los municipios nos dicen que si no las pagamos, las calles van a estar oscuras y no es nuestra posición, pero sí necesitamos imperiosamente que se vea la forma en la que se cobra, porque el 10% que va directo puesto al consumo genera disparidad”, sostiene Fausto Brandolín, de Fedecom.

También se agrega al reclamo el Fodep, un cargo para obras de infraestructura eléctrica que cobra la Epec.

“Hay industrias electrointensivas que pagan un porcentaje de su factura como alumbrado, y no necesariamente van a tener tanto alumbrado público como pagan. Tenemos el parque industrial que tiene un menor alumbrado, y hay comercios chicos como kioscos, heladerías o pescaderías con alto consumo energético por las heladeras que pagan una tasa que no se condice con el servicio que se le presta”, plantea Agustín Hesar, representante del centro de Fedecom en Río Tercero.

"Ese cargo distorsivo, que es la tasa de alumbrado público, le resta competitividad al sector privado”, insiste el empresario.

La discusión vale también para los consumidores residenciales: hoy la energía tiene tres precios según el usuario sea nivel 1, 2 o 3, lo que marca el nivel de subsidios.

El usuario N1 paga $ 66,88 el KWh mayorista y el N2 paga $ 18,72. Se puede dar la paradoja de dos vecinos colindantes que comparten el mismo alumbrado, pero que el primero pague 257% más por alumbrado que el segundo.

La tasa porcentual acarrea una distorsión en función del nivel de consumo: una familia muy numerosa, con alto nivel de consumo, pagará mucho más que el vecino de al lado que vive solo.

Posición de la Provincia

No es intención del gobierno de Llaryora hacer lugar al reclamo de Nación en luz y en agua porque la regulación está en manos de la Provincia, o incluso en la de los mismos municipios. Y, en el caso del gas, no tiene competencia: de hecho, el 7 de octubre, Ecogas se allanó al reclamo de la Secretaría de Comercio e Industria, que la intimó a dejar de percibir el cobro.

Por eso, los intendentes ya no cobran la percepción municipal sobre el gas, dado que la regulación es íntegramente nacional.

"Si a nivel nacional hubiera una ley que estableciera una OIM (ordenanza impositiva municipal), la prestataria estaría obligada a recaudar. Pero esa ley no existe. En Córdoba, las prestatarias de energía lo cobran más por la ley 10.545 provincial que por la ordenanza impositiva municipal. El regulador se debe ajustar a la ley”, remarca Blanco, del Ersep.

El funcionario sostiene que donde las provincias regulan los servicios públicos la Nación no tiene competencia. De hecho, tanto Epec como Aguas Cordobesas presentaron sus descargos ante la intimación de Comercio. Remarcaron que no fueron multadas, sino intimadas a dejar de cobrarlos.

La ley 10.545 fue consecuencia de un vía crucis provincial que inició Juan Schiaretti en el 2018 cuando el descongelamiento de tarifas del gobierno de Mauricio Macri encareció las boletas de luz.

Como en la boleta, especialmente de las cooperativas, venían infinidad de servicios varios (TV por cable, sepelio, bomberos, cuota de hospitales, cementerios y demás) los usuarios asociaban todo el monto al costo de la luz y se lo achacaban a la Provincia.

Se estableció entonces que podían cobrar un cargo de hasta el 10% para alumbrado público sobre la facturación de Epec y cooperativas, y de hasta el 15% en localidades de menos de 50 mil habitantes.

Para agua y saneamiento la ley no establece un tope máximo.

De hecho, el intendente Ramón Mestre fue quien inició el cobro con el 10% en 2013, pero actualmente la tasa que cobra Aguas Cordobesas en concepto de CFIS (contribución para el financiamiento integral de infraestructura sanitaria) es del 16%.

Además del argumento de competencias, la Provincia esgrime otro de carácter técnico: el costo del alumbrado.

El año pasado, el alumbrado público tenía un precio diferencial: se pagaba $ 15 el KWh lo que valía en realidad $ 20. Hoy desapareció esa bonificación y todo el mundo (grandes usuarios, comercios, sector público, alumbrado y residencial N1) paga $ 67.

El costo de alumbrar las calles subió 346%, y aunque los municipios no brindan detalles de cuánto recaudan y cuánto gastan muchos aseguran que la misma tasa no alcanza para cubrir el costo del alumbrado.

El problema es que todos están en la misma, mirando finito todo el tablero de costos. El comercio pagaba en noviembre pasado $ 8,84 el KWh mayorista y hoy está al precio general, de $ 66,88: la suba fue del 656%. Los grandes usuarios abonaban $ 20,46 el KWh y hoy están en $ 66,88: 226%, cuando la inflación interanual viene al 193%.

“La inflación está bajando y lo celebramos, pero hay mucha ineficiencia que no se va a poder tapar con suba de precios. Tenemos que trabajar fuerte con los costos, y eso tiene que ver con las tasas e impuestos que el sector privado paga.

Celebramos que a nivel nacional haya una bajada de quitarle la presión impositiva al sector privado, pero no sentimos el mismo trato a nivel municipal”, sostiene Carolina Benito, de Aerca, la asociación con sede en Villa María que reúne a los empresarios de la región centro.

El tema de la energía es el más controvertido porque la regulación es compartida: Nación sobre lo que cuesta la energía, y Provincia sobre la distribución y comercialización.

Así como está bien claro que en el gas la competencia es nacional y en el agua, local, en energía todo es opinable. Habrá que esperar la movida de Comercio e Industria de la Nación.

En la Provincia creen que la presión apunta más a los intendentes del conurbano bonaerense, que tienen en sus boletas lo que tenía Córdoba hasta 2018. Pero todavía falta la palabra final.


La Voz