Estaba en aquella megaley Bases que se fue desglosando y ahora la gestión de Javier Milei la quiere discutir como un proyecto de ley: una reforma electoral, que tiene como elemento de mayor impacto la eliminación de las Paso pero que en realidad en el fondo contempla una profunda transformación en cuanto al financiamiento de los partidos y las campañas.

De aprobarse la iniciativa, lo cual no parece sencillo con la actual composición del Congreso, el Estado dejaría de enviar aportes de fondos para las campañas y se eliminarían los espacios gratuitos en medios audiovisuales durante los días previos a una elección.

Sólo quedaría un aporte estatal fijo a los partidos, en función de los votos obtenidos en cada elección, y con ello las campañas pasarían a ser solventadas por aportes del sector privado.

Lo que parece ser un ahorro importante para las arcas públicas, también puede verse como un riesgo para la equidad en la competencia por la captación de votos. El oficialismo y los partidos grandes tendrían mucha más ventaja de la que ya tienen actualmente.

Hay un elemento interesante para abordar esta iniciativa libertaria que es analizar cómo fue la campaña que llevó a Milei a la Presidencia.

Un informe de Civic Compass, la unidad de investigación de la asociación Civic House, analiza las inversiones en redes sociales y publicidad digital que se hicieron en los tres comicios del proceso electoral de 2023, Paso, general y segunda vuelta.

Allí salta que hay una enorme diferencia en favor de Sergio Massa tanto en las Primarias como en la primera vuelta y un muy bajo gasto en ese rubro de Milei. Para el balotaje, la tendencia se equilibra.

El candidato de La Libertad Avanza no sólo gastó menos que el candidato oficialista sino que el resto de sus oponentes en publicidad digital, donde supuestamente estaba su fuerte.

Pero allí surge un proceso curioso que están analizando los investigadores de Civic Compass. Milei usó las redes de una manera tal que dónde los otros ponían dinero, él o los suyos obtenían recursos, porque lograban monetizar los contenidos.

Lo están analizando el equipo que lideran Cecilia Galván y Gastón Wright, quienes adelantaron el tema en diálogo con La Voz, durante una jornada que compartieron con el politólogo Juan Negri y el experto en políticas públicas en Internet Javier Pallero, sobre “Tecnología y Democracia”, organizada por Polis en la Universidad Católica de Córdoba.

Viralización

¿Cómo es eso que donde todos ponían dinero Milei lo sacaba?

Wright sostiene que los partidos tradicionales vienen destinando cada vez más recursos para la publicidad en redes, inversiones que son varias veces millonarias para direccionar y segmentar mensajes en diversas plataformas.

En cambio, Milei –a quien se podría considerar como político un nativo digital, surgido en plena transformación de las tecnologías de la comunicación– genera contenidos a través de sus seguidores (sean reales o no) y la viralización de esos contenidos en las redes les genera recursos a los autores. Esto es porque los propietarios de cuentas en algunas plataformas, como YouTube o X, reciben dinero si la publicación tiene muchas reproducciones.

La presencia de Milei en la web, plantea Galván, “se debe a interacción genuina de los usuarios y creación de contenido por parte de su militancia”. “Esto es relevante, ya que los anuncios que se contabilizan son los pagos, y Milei no asienta su comunicación durante la campaña en anuncios pagos”, agrega.

Esa lógica parece repetirse con Milei ya en el gobierno, que mantiene su idea de priorizar la comunicación de su gestión y pararse en el debate público mucho más a través de redes que de medios tradicionales, independientemente de un tema medular como lo es la generación y difusión de contenidos falsos.

Pallero recordó cómo en los actos libertarios no se permite el ingreso de medios tradicionales para la cobertura pero sí de los streamers o generadores de contenidos de plataformas.

Esa tendencia se mantiene a un año de gestión y se encamina a profundizar si es que se aprueba la reforma electoral en materia de financiamiento tal como la envió el Gobierno.

En este punto los especialistas coinciden que no se puede valorar el fenómeno en términos de si está bien o está mal sino más bien abordarlo de una novedad que se ha dado en otros países del mundo, en especial con emergentes de figuras que no vienen de la política tradicional.

Faltan controles

Un tema que analiza el documento de Civic Compass es que ninguna de las reformas electorales últimas abordó el tema del monitoreo de las campañas digitales, aunque sí hay una acordada de la Cámara Nacional Electoral que intenta establecer algunos controles en un terreno complejo de ser auditado.

Respecto de lo que viene, Civic Compass planteó una serie de desafíos.
Uno de ellos es que los mecanismos de control del gasto de campaña “están en constante evolución y requieren de capacidades institucionales, así como de la apertura y claridad de la información disponible en las plataformas”.

La biblioteca de anuncios creada por empresas como Meta no lograron prevenir transgresiones.

Además, detectaron que en las elecciones de 2023, surgieron “aportantes de campaña” a corto plazo que destinaron considerables sumas a la publicidad política digital.

“A lo largo de la elección se evidenció que el candidato que fue electo tenía presencia en redes, con contenido pago, pero no proveniente de su cuenta oficial o partidaria. Estos aportantes, hoy no tienen seguimiento por parte de las autoridades electorales, e introducen un financiamiento no declarado en la campaña”, sostiene el estudio.

En el trabajo, se evidenció que Massa también se veía beneficiado por publicidad de cuentas de terceros con abultadas sumas de dinero que excedían lo permitido en la elección para aportes privados.

Se reconoce que “la velocidad con la que evolucionan las dinámicas de las campañas en las redes sociales excede la capacidad de los legisladores para mantenerse al día y promulgar regulaciones efectivas”.

“La brecha temporal entre la adopción de nuevas prácticas y la elaboración de leyes correspondientes puede dar lugar a lagunas en la regulación”, admite el informe.

Ante esta falta de regulación, hay una invitación a acuerdos éticos, en los que intervengan las fuerzas participantes, las autoridades electorales y las empresas propietarias de redes y plataformas.

Reforma electoral: puntos centrales

Eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El Gobierno argumenta que desde la creación de las Paso, en 2011, la participación electoral ha bajado casi 10%. En 2023 se registró un 69% de participación.

Elección de candidatos. Sin Paso, cada partido podrá instrumentar cualquier mecanismo de selección interna. No será necesario que sea por elección.

Cronograma electoral. Se acortará, ya que comenzará en agosto, 60 días antes de los comicios de octubre.

Afiliaciones. El Gobierno también envió una propuesta para elevar los requisitos de afiliación para la constitución de partidos. Esto ajustará el porcentaje exigido del padrón electoral del 0,4% al 0,5%, para desalentar la conformación de partidos pequeños.



La Voz