La expresidenta Cristina Kirchner reclamó formalmente ante la Anses la restitución de las dos asignaciones vitalicias, consideradas de privilegio, que cobró hasta este mes y que fueron dadas de baja por la resolución 1092 del organismo de la seguridad social, publicada en el Boletín Oficial el viernes de la semana pasada y firmada por el director ejecutivo, Mariano de los Heros.

El recurso ante la autoridad administrativa es el paso previo al reclamo judicial: si el organismo se niega a dar curso al pedido (tal como se estima que ocurrirá), el caso se judicializará.

El recurso fue presentado por el abogado Facundo Fernández Pastor, quien también patrocinó a la expresidenta en el reclamo iniciado en 2018, para recuperar la prestación que se le había dejado de abonar durante el gobierno de Mauricio Macri, dada una incompatibilidad dispuesta por ley para percibir dos asignaciones de privilegio a la vez. En el extenso escrito presentado hoy, se señala que la razón por la cual se dieron de baja las prestaciones es que existe una persecución contra la expresidenta.

La resolución 1092, se indica en los argumentos del “recurso de nulidad” presentado ante la Anses, “es un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”, que involucra a funcionarios de la Anses, del Ministerio de Capital Humano (del cual depende la Anses) “y al mismísimo presidente de la Nación”. Se indica, además, que la decisión es ilegal y autoritaria.

Según informó días atrás la Anses, este mes Cristina Kirchner cobró un monto bruto, entre ambas prestaciones, de $35.255.297, en tanto que el neto fue de $21.827.624. De los Heros afirmó, además, que la exfuncionaria declaró tener domicilio en Santa Cruz, lo cual derivó en el cobro de un adicional por zona austral por casi $6 millones, algo que puede corroborarse en la documentación presentada hoy, según pudo verificar LA NACION.

Resolución vs. vía judicial

En el recurso presentado se señala que la resolución de la Anses que dio de baja las asignaciones es “nula” y que tiene errores materiales. Se sostiene que el organismo “carece de competencias para suspender y/o revocar” los beneficios y que, en todo caso, las autoridades debieron haber recurrido a la Justicia para pedir la quita de los beneficios.

La resolución 1092 está basada en una interpretación de lo establecido por la ley 24.018, respecto de las motivos por los cuales un expresidente o exvicepresidente no debería cobrar las prestaciones especiales creadas por la misma normativa. La baja fue dispuesta al día siguiente de conocerse que la Cámara de Casación Penal Federal confirmó una sentencia en contra de Cristina Kirchner, por considerarla “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El artículo 29 de la ley 24.018 establece que las asignaciones no alcanzan a quienes “previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”. Esto no ocurrió en el caso de Cristina Kirchner y, por tanto, lo argumentado en la resolución de la Anses es que lo ocurrido en la Justicia llevó a evaluar la situación en particular, no prevista en el texto votado en su momento por el Poder Legislativo.

Se interpreta, entonces, que la condición dispuesta en el mencionado artículo está “atada a la premisa del buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la Nación”. Y se concluye que la existencia de un hecho que mereció la condena de la Justicia y que significó un daño para las cuentas públicas, hace que no se cumpla con el requisito para gozar de la asignación vitalicia.

El reclamo presentado hoy con la firma de Fernández Pastor señala que la facultad de interpretar la norma es de la Justicia y no de la Anses. E insiste en que lo resuelto por el Gobierno es parte de un “descarado proceso de persecución” que, además de “política”, es también “judicial” y “mediática”.

Sin cambios para Zulema y revocatoria para Boudou

Entre los argumentos de la presentación, se señala también que la decisión tomada por el Gobierno viola la garantía de igualdad ante la ley. Se menciona específicamente el caso de Zulema Yoma, que cobra una pensión de privilegio, derivada del beneficio del que gozó el expresidente Carlos Menem, también condenado en doble instancia en la Justicia. Según la presentación, el hecho de que en ese caso no se quite la prestación marca una desigualdad en el trato y lleva a concluir que el objetivo del Gobierno, al dar de baja los pagos a Cristina Kirchner, es “desprestigiarla”.

En rigor, el de Cristina no es el único caso en que la Anses dispuso que no se pagarán más las prestaciones de privilegio. El martes último se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1103, que revoca la asignación cobrada por el expresidente Amado Boudou, que este mes ascendió a un monto bruto de $10.284.481 y a un neto de $8.153.816,49.

En el caso de Boudou, el fallo de primera instancia que lo condenó como “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”, llegó en agosto de 2018. En julio de 2019 la condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, y en diciembre de 2020, por la Corte Suprema de Justicia.

El beneficio de privilegio, que en 2018 le había sido denegado por la Anses, le fue otorgado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Como en este caso se trata de una revocatoria (y no de una baja), desde el organismo indicaron que harán una consulta al Procurador del Tesoro, para determinar luego como proceder con lo cobrado hasta ahora por el expresidente.



La Nación