El Gobierno presentó este jueves en la Cámara de Diputados dos proyectos de índole electoral. Uno apunta a eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a reformar la forma en que se financian los partidos políticos: reduce drásticamente el aporte estatal e incrementa la participación privada. La segunda iniciativa aumenta las exigencias para el reconocimiento jurídico de un partido y eleva los requisitos para que sean reconocidos a nivel nacional.

Ambos iniciativas ya habían sido anticipadas por referentes de la Casa Rosada, como el vocero presidencial Manuel Adorni y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. De hecho, el Gobierno evalúa incluirlas en la posible convocatoria a sesiones extraordinarias en detrimento del presupuesto 2025. Si esta idea se concreta, se leerá como una provocación a la oposición que exige a la administración libertaria certidumbre en el manejo de los recursos públicos.

Desde que llegó a la presidencia, Javier Milei intentó llevar adelante una ambiciosa reforma electoral, que se incluyó en el primer borrador de la Ley Bases. No obstante, este capítulo fue quitado del texto tras el rechazo de la oposición, que no lo consideró un tema prioritario.

Las nuevas propuestas del Poder Ejecutivo implican cambios significativos. Entre otras cuestiones sensibles, abarcan la constitución, el reconocimiento y el financiamiento de los partidos políticos. Es probable que los cambios sean resistidos por los partidos políticos más pequeños, que verán amenazada su supervivencia, en tanto se fija una exigencia mayor para ser admitidos con personería nacional y se les achica el margen de financiamiento público.

El proyecto no fija un límite al aporte privado de partidos políticos. Esto también podría perjudicar a los espacios más chicos: los partidos grandes y con mayor presencia podrían atraer más donaciones, especialmente de empresas y sectores con intereses específicos.

Malestar en Pro

Esta propuesta podría dinamitar los acuerdos del oficialismo con sus aliados en el Congreso, como Pro y la UCR, que necesitan de las PASO para dirimir sus internas. De hecho, parte del macrismo ya anticipó que no apoyará cambios de ésta índole.

“Llama la atención que el Poder Ejecutivo anuncie que enviará un proyecto de eliminación de las PASO, a menos de un mes de la finalización del periodo ordinario de sesiones. Siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales”, señalaron en el bloque que conduce Cristian Ritondo.

La diputada María Eugenia Vidal (Pro) presentó un proyecto para elimitar la obligatoriedad de las primarias, lo que las convertiría en “PAS”. Estipula que las agrupaciones políticas que deseen dirimir sus candidaturas en elecciones abiertas pueden competir en una misma jornada en todo el país y definir sus candidaturas nacionales.

El proyecto titulado “Reforma para el fortalecimiento electoral” detalla en sus fundamentos que el objetivo es “reducir el gasto público asociado a actividades políticas”; “devolver autonomía a los partidos políticos para organizar sus actividades y decisiones internas”; “simplificar y actualizar el sistema electoral” y “aumentar la transparencia en el financiamiento” de los mismos.

Los puntos principales de esta iniciativa son:

• Elimina las PASO. Argumenta que funciona como una “gran encuesta nacional” que aumenta el gasto público y prolonga innecesariamente el calendario electoral. Los partidos tendrán libertad para organizar sus procesos internos según su normativa.
• Reducción del cronograma electoral. La campaña electoral comenzará 60 días antes de las elecciones y terminará 48 horas antes del comicio. Actos de gobierno, como inauguraciones o anuncios masivos, estarán prohibidos los últimos 25 días antes de la votación.
• Regulación de la publicidad electoral. Se prohíbe la emisión de anuncios publicitarios en radio y televisión fuera del período de campaña. En medios digitales, impresos y vía pública, los anuncios estarán limitados al tiempo oficial de campaña.
• Financiamiento estatal. Se reduce drásticamente el aporte público: elimina los aportes públicos extraordinarios para campañas electorales. Se suprime el financiamiento estatal para la impresión de boletas (reemplazadas por la boleta única de papel) y mantiene un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente, que podrá utilizarse para actividades generales de los partidos. El 20% de este fondo será destinado a la vicejefatura de Gabinete de Ministros, que lo distribuirá en un 20% de manera igualitaria a todos los partidos políticos, mientras que el 80% restante se repartirá de manera proporcional a los votos obtenidos por los partidos políticos en la última elección de diputados nacionales. Solo participan en esta distribución los partidos que hayan obtenido al menos el 1% del padrón electoral. Dictamina que los partidos políticos deberán destinar no menos del 10% de lo que reciban en concepto de aporte público anual al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación.
• Aportes privados. Si bien fija un tope del 35% del valor del módulo electoral a donar por persona física, no limita la cantidad de individuos que pueden aportar a una campaña electoral ni tampoco determina un monto máximo de aportes privados. Solo prohíbe recibir fondos de personas vinculadas a delitos graves como lavado de activos, narcotráfico o terrorismo. Se crea una plataforma pública donde deben registrarse todos los aportes privados a los partidos, exigiendo declaraciones juradas. Los partidos deberán abrir cuentas bancarias en entidades supervisadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
• Requisitos para partidos en formación. Deberán contar con un mínimo de adhesiones del 4% del padrón del distrito.

La iniciativa que modifica la ley orgánica de los partidos políticos reforma los requisitos para constituir un partido. Apunta a reducir la fragmentación del sistema de partidos y, según se lee en el texto, a reestablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

“En 2024, había 47 partidos nacionales y 718 partidos distritales en Argentina, cifras que exceden por mucho las de otros países de América Latina”, señalan. Tiene como objetivo erradicar los “sellos de goma”: partidos con escasa representatividad que venden su personería al mejor postor. Curiosamente, fue gracias a estos pequeños partidos con escasa representatividad con los que Milei logró crear La Libertad Avanza en la última eleccion. Algunos de ellos son: Unite, Pumas Libertarios, el Partido Demócrata (PD), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y el partido FE.

Se destacan los siguientes puntos del proyecto:

• Sube el piso de porcentaje de afiliados requeridos para los partidos de distrito (de 0,4% a 0,5% del registro de electores, con un nuevo tope de 2 millones de electores).
• Eleva el requisito para ser partido nacional de 5 a 10 distritos con personería jurídica y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.
• Obliga a los partidos en alianzas a declarar cómo se distribuyen los votos, evitando que partidos con escasa representatividad mantengan sus “privilegios legales”.
• Posibilita la digitalización del proceso de afiliación, permitiendo registros y renuncias electrónicas con autenticación biométrica.
• Se endurecen las causales de caducidad para partidos con baja representatividad. Por ejemplo: si un partido no reúne el 3% del padrón electoral -actualmente es 2%- en dos elecciones consecutivas, pierde la personería.

La Nación